Personal Laboral Agencia Tributaria I2 | Tema 11

Tramitación tributaria en la LGT 58/2003: liquidaciones, notificaciones y recursos

Este tema vertebra la actuación práctica de la Agencia Tributaria. Abarca desde las normas comunes a todos los procedimientos tributarios hasta el sistema de impugnación de actos, pasando por el régimen de notificaciones. Para la oposición de Personal Laboral I2 de la AEAT, los plazos y las diferencias entre recursos son contenido recurrente en examen.

Marco normativo y principios de los procedimientos tributarios

Las normas comunes a los procedimientos tributarios se recogen en el Título III de la LGT (arts. 83 a 177), desarrolladas por el RD 1065/2007 (RGGI). La Ley 39/2015 LPACAP actúa con carácter supletorio en todo lo no previsto por la normativa tributaria.

Los procedimientos tributarios se rigen por principios con base en el art. 3.2 LGT: legalidad, proporcionalidad, buena fe y confianza legítima, eficacia, gratuidad e impulso de oficio. El obligado tributario tiene derecho a ser oído antes de resoluciones desfavorables (trámite de audiencia, entre 10 y 15 días hábiles según el art. 99.8 LGT) y a acceder a su expediente.

Los procedimientos pueden iniciarse de oficio (acuerdo del órgano competente, orden superior, denuncia pública) o a instancia del obligado (autoliquidación, solicitud de devolución, rectificación). La fecha de inicio determina el cómputo del plazo máximo de resolución y la interrupción de la prescripción.

Liquidaciones tributarias: provisional y definitiva

La liquidación tributaria es el acto por el que la Administración determina el importe de la deuda o la cantidad a devolver. Se distinguen dos tipos fundamentales:

La liquidación provisional (art. 101.2 LGT) fija la deuda con los datos disponibles en ese momento. Procede en verificación de datos, comprobación limitada y devoluciones. La Administración puede practicar liquidación posterior sobre los mismos elementos si obtiene nueva información.

La liquidación definitiva (art. 101.3 LGT) solo se dicta en procedimientos de inspección tras comprobar íntegramente la situación tributaria. Tiene plena eficacia de cosa inspeccionada: no cabe una segunda liquidación definitiva sobre los mismos elementos y período.

Toda liquidación notificada debe incluir: identificación del obligado, elementos de la cuantía, motivación cuando no coincida con los datos declarados, medios de impugnación con plazo y órgano, lugar y forma de pago, y si es provisional o definitiva (art. 102.2 LGT). La omisión de alguno de estos extremos provoca anulabilidad, no nulidad de pleno derecho, salvo que genere indefensión.

Obligación de resolver y plazos

La Administración tributaria debe resolver expresamente y notificar la resolución en todos los procedimientos (art. 103 LGT). El plazo general supletorio es de 6 meses (art. 104.1 LGT). Los plazos específicos más relevantes son: 18 meses para el procedimiento inspector general, 27 meses para el inspector especial (grupos consolidados, operaciones vinculadas internacionales), 6 meses para el sancionador, 1 mes para el recurso de reposición y 1 año para las reclamaciones económico-administrativas.

Caducidad y prescripción

Si vence el plazo sin resolución en un procedimiento iniciado de oficio, se produce caducidad: el procedimiento se tiene por no iniciado a efectos de prescripción (art. 104.5 LGT). En procedimientos iniciados a instancia de parte, opera el silencio administrativo sin caducidad. En el procedimiento inspector, el incumplimiento del plazo no produce caducidad pero sí elimina los intereses de demora desde el vencimiento hasta la notificación de la liquidación.

La prescripción tributaria tiene un plazo general de 4 años (art. 66 LGT), aplicable al derecho a liquidar, a cobrar, a solicitar devoluciones y a imponer sanciones. Se interrumpe por cualquier acción administrativa notificada al obligado conducente a la regularización o por actuaciones fehacientes del propio obligado (presentar recurso, declaración o pago parcial).

Silencio administrativo tributario

En materia tributaria el silencio es predominantemente negativo, a diferencia de la regla general de la LPACAP. Solo tiene sentido estimatorio la solicitud de devolución derivada de normativa del tributo (art. 125 LGT, tras 6 meses). El recurso de reposición, la reclamación económico-administrativa, el aplazamiento y la rectificación de autoliquidación generan silencio desestimatorio.

Notificaciones tributarias

La notificación es requisito de eficacia del acto tributario (no de validez). Se rige por los arts. 109 a 112 LGT y, supletoriamente, por los arts. 40 a 46 LPACAP. Si el interesado rechaza la notificación, se tiene por efectuada (art. 111.2 LGT).

Cuando la notificación postal no puede practicarse en el domicilio, debe intentarse en horario distinto dentro de los 3 días siguientes. Si ambos intentos fallan, procede la notificación por comparecencia (edictal): publicación en el BOE, plazo de 15 días naturales para comparecer. Transcurridos sin comparecencia, la notificación se entiende practicada.

Notificación electrónica obligatoria (DEHú)

Las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica y profesionales colegiados que actúen como representantes están obligados a recibir notificaciones electrónicas a través del sistema DEHú (art. 14.2 LPACAP, RD 203/2021). El obligado dispone de 10 días naturales para acceder al buzón; sin acceso, la notificación se considera rechazada y practicada. Las personas físicas particulares pueden optar por notificación en papel.

Una notificación defectuosa (que omite recursos, plazos u órgano competente) no produce efectos. Se subsana si el interesado interpone recurso dentro del plazo correcto, demostrando conocimiento del contenido del acto (art. 109.2 LGT).

Recurso de reposición

El recurso de reposición (arts. 222-225 LGT) es potestativo y previo a la vía económico-administrativa. Se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de 1 mes desde la notificación. Debe resolverse en 1 mes; transcurrido sin resolución, el silencio es desestimatorio y se abre la vía económico-administrativa. No suspende la ejecución del acto salvo solicitud expresa con garantía.

Reclamaciones económico-administrativas

Los Tribunales Económico-Administrativos (TEA) son órganos especializados con independencia funcional respecto a los órganos de aplicación de tributos. El TEAR conoce en primera instancia de actos de cuantía inferior a determinados límites; el TEAC actúa en primera instancia para cuantías superiores y como segunda instancia (alzada) de las resoluciones de los TEARs.

El plazo de interposición es de 1 mes. El TEAR/TEAC debe resolver en 1 año; el silencio es desestimatorio y abre la vía contencioso-administrativa. La interposición no suspende automáticamente la ejecución: la suspensión automática requiere aval solidario de entidad de crédito o certificado de seguro de caución. Cabe suspensión con otras garantías (hipoteca, prenda) o sin garantía en casos excepcionales de daños irreparables.

Si el recurso se desestima y la liquidación queda confirmada, el obligado ingresa el importe más los intereses de demora devengados durante la suspensión.

¿Qué diferencia hay entre la caducidad en un procedimiento de gestión iniciado de oficio y el incumplimiento de plazo en el procedimiento inspector?

En gestión de oficio, el vencimiento del plazo (6 meses) produce caducidad: el procedimiento se tiene por no iniciado y las actuaciones no interrumpen la prescripción (art. 104.5 LGT). En inspección, el incumplimiento del plazo (18/27 meses) no genera caducidad, pero las actuaciones posteriores al vencimiento pierden efecto interruptivo adicional y no se exigen intereses de demora desde ese momento hasta la notificación de la liquidación.

¿Cuántos días tiene el obligado para acceder a una notificación electrónica en DEHú antes de que se considere rechazada?

10 días naturales desde la puesta a disposición en el buzón electrónico. Transcurrido ese plazo sin acceso, la notificación se entiende rechazada y se tiene por practicada a todos los efectos (art. 43.2 LPACAP).

¿El recurso de reposición es obligatorio antes de la reclamación económico-administrativa?

No. El recurso de reposición es potestativo (arts. 222-225 LGT). El obligado puede optar por interponer directamente la reclamación económico-administrativa sin pasar por reposición. Lo que no puede hacer es interponer ambos simultáneamente: si presenta reclamación, ya no cabe reposición sobre el mismo acto.

¿Cuál es la regla general del silencio administrativo en materia tributaria y cuál es la principal excepción?

La regla general es el silencio negativo (desestimatorio), al contrario que en la LPACAP donde el silencio es positivo salvo excepción. La principal excepción en materia tributaria es la solicitud de devolución derivada de la normativa del tributo (art. 125 LGT), donde transcurridos 6 meses sin resolución el silencio es estimatorio.