Agentes Hacienda Pública | Tema 16

Obligados tributarios, prescripción y domicilio fiscal en la Ley General Tributaria

Este tema concentra conceptos esenciales de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT): quiénes son los obligados tributarios, qué obligaciones formales les corresponden, sus derechos frente a la Administración, cómo opera la representación, qué reglas rigen el domicilio fiscal y cuándo prescriben las deudas tributarias. En las oposiciones a Agentes de Hacienda es uno de los bloques con mayor frecuencia de preguntas tipo test, especialmente en plazos y diferencias entre figuras tributarias.

Obligaciones tributarias formales

El artículo 29 LGT define las obligaciones tributarias formales como aquellas que, sin tener carácter pecuniario, la normativa tributaria o aduanera impone a los obligados tributarios y cuyo cumplimiento se vincula al desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios.

Entre las principales obligaciones formales figuran: presentar declaraciones censales, solicitar y utilizar el NIF, presentar declaraciones y autoliquidaciones, llevar y conservar libros de contabilidad y registros, expedir y conservar facturas, aportar documentación a la Administración y facilitar inspecciones y comprobaciones.

La obligación de garantizar la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de los sistemas informáticos contables y de facturación también se incluye desde la reforma del artículo 29.2 j) LGT.

Los obligados tributarios según el artículo 35 LGT

El artículo 35 LGT define a los obligados tributarios como las personas físicas o jurídicas y entidades a las que la normativa impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. La lista incluye al contribuyente, el sustituto, los obligados a pagos fraccionados, retenedores, obligados a ingresos a cuenta, los obligados a repercutir y a soportar la repercusión, los sucesores y los beneficiarios de exenciones o bonificaciones.

También ostentan esta condición las herencias yacentes, comunidades de bienes y entidades sin personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición, así como los responsables tributarios.

Cuando varios obligados concurren en un mismo presupuesto de hecho, quedan solidariamente obligados frente a la Administración, salvo que la ley disponga otra cosa.

Contribuyente y sustituto del contribuyente

El sujeto pasivo (art. 36 LGT) es quien debe cumplir la obligación tributaria principal y las formales inherentes. Actúa como contribuyente quien realiza el hecho imponible, y como sustituto quien, por imposición legal, cumple la obligación en lugar del contribuyente. El sustituto puede exigir al contribuyente el reembolso de lo satisfecho. La figura del sustituto no elimina al contribuyente: ambos mantienen relaciones jurídicas distintas con la Administración.

Retenedor y obligado a ingresos a cuenta

El retenedor (art. 37.2 LGT) detrae e ingresa parte de los pagos dinerarios que realiza a otros obligados. El obligado a realizar ingresos a cuenta (art. 37.3 LGT) aparece cuando la retribución se satisface en especie. La Administración no puede dirigirse contra el contribuyente si incumple el retenedor, pues son relaciones jurídicas independientes.

Los sucesores

A la muerte de una persona física, sus obligaciones tributarias pendientes se transmiten a los herederos. Las sanciones no se transmiten en la sucesión de personas físicas.

En la disolución de personas jurídicas con responsabilidad limitada, las obligaciones pasan a los socios solidariamente, con el límite del valor de su cuota de liquidación y percepciones de los dos años anteriores. A diferencia de las personas físicas, las sanciones sí se transmiten a los sucesores de personas jurídicas, con ese mismo límite.

Derechos y garantías de los obligados tributarios

El artículo 34 LGT recoge un catálogo amplio de derechos: derecho a ser informado y asistido, a obtener devoluciones, al reembolso del coste de avales cuando el acto sea declarado improcedente, a utilizar lenguas cooficiales, a conocer el estado de tramitación, a la reserva de datos, a ser tratado con respeto, a que las actuaciones se lleven a cabo de la forma menos gravosa, a formular alegaciones y ser oído en audiencia, y a presentar quejas y sugerencias.

El Consejo para la Defensa del Contribuyente vela por la efectividad de estos derechos y atiende las quejas que se produzcan.

Capacidad de obrar en el orden tributario

Según el artículo 44 LGT, tienen capacidad de obrar en el orden tributario, además de quienes la ostenten conforme a Derecho, los menores de edad y los incapacitados en las relaciones tributarias derivadas de actividades cuyo ejercicio les permita el ordenamiento jurídico, sin necesidad de asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

Representación de los obligados tributarios

La representación legal (art. 45 LGT) opera cuando actúan los representantes de personas sin capacidad de obrar, los órganos de representación de personas jurídicas y, para entes del artículo 35.4 LGT, quien ostente la gestión o dirección.

La representación voluntaria (art. 46 LGT) permite que cualquier obligado con capacidad de obrar actúe a través de un representante. Para interponer recursos, renunciar a derechos o solicitar devoluciones de ingresos indebidos, la representación debe acreditarse por cualquier medio válido en Derecho. Para actos de mero trámite se presume concedida. La falta de poder puede subsanarse en un plazo de 10 días.

Los no residentes deben designar representante ante la Administración tributaria cuando lo exija la normativa (art. 47 LGT).

El domicilio fiscal

El artículo 48 LGT define el domicilio fiscal como el lugar de localización del obligado en sus relaciones con la Administración. Para personas físicas es, con carácter general, su residencia habitual; si desarrollan actividades económicas, donde centralicen su gestión. Para personas jurídicas será su domicilio social si en él centralizan gestión y dirección; en otro caso, donde efectivamente dirijan sus negocios. Como criterio subsidiario en ambos supuestos: donde radique el mayor valor del inmovilizado.

El cambio de domicilio no produce efectos frente a la Administración hasta que se comunique. Las personas del Censo de Empresarios disponen de 1 mes para comunicarlo; las personas físicas fuera del Censo, de 3 meses. En procedimientos de inspección ya iniciados, la competencia se mantiene en el órgano del domicilio inicial.

Plazos de prescripción tributaria

El artículo 66 LGT fija un plazo general de 4 años para prescribir: el derecho a liquidar, el derecho a exigir el pago, el derecho a solicitar devoluciones y el derecho a obtenerlas. El cómputo se inicia, según el caso, desde el día siguiente al fin del plazo de declaración, del plazo de pago voluntario o del plazo para solicitar la devolución (art. 67 LGT).

La prescripción del derecho a liquidar no afecta al derecho de la Administración para comprobar e investigar (art. 66 bis LGT). Para la comprobación de bases imponibles negativas o deducciones pendientes, el plazo es de 10 años.

Interrupción de la prescripción

La interrupción (art. 68 LGT) reinicia el cómputo de los 4 años. Se produce por cualquier acción administrativa con conocimiento formal del obligado, por la interposición de recursos o reclamaciones, y por cualquier actuación fehaciente del obligado dirigida al pago o a la liquidación.

Si la interrupción deriva de actuaciones judiciales (recurso contencioso, acciones penales, denuncia ante el Ministerio Fiscal), el nuevo cómputo arranca cuando la Administración reciba notificación de la resolución firme.

En caso de pluralidad de obligados solidarios, la interrupción para uno se extiende a todos. Si la obligación es mancomunada y solo se reclama a uno, el plazo no se interrumpe para los demás.

Efectos de la prescripción

La prescripción se aplica de oficio, extingue la deuda tributaria y aprovecha a todos los obligados al pago, salvo en obligaciones mancomunadas. Las obligaciones formales vinculadas a obligaciones materiales solo pueden exigirse mientras no haya expirado la prescripción de estas últimas.

¿Se transmiten las sanciones tributarias a los sucesores de personas físicas y de personas jurídicas por igual?

No. En la sucesión de personas físicas, las sanciones nunca se transmiten a los herederos (art. 39 LGT). En cambio, en la sucesión de personas jurídicas disueltas y liquidadas, las sanciones sí se transmiten a los socios, con el límite del valor de la cuota de liquidación y percepciones recibidas en los dos años anteriores a la disolución (art. 40.5 LGT).

¿Cuál es el plazo de prescripción para que la Administración compruebe bases imponibles negativas pendientes de compensar, y en qué se diferencia del plazo general?

El plazo general de prescripción tributaria es de 4 años (art. 66 LGT). Sin embargo, el derecho de la Administración a iniciar un procedimiento de comprobación de bases o cuotas compensadas o deducciones pendientes prescribe a los 10 años, contados desde el día siguiente al fin del plazo reglamentario de presentación de la declaración del ejercicio en que se generó el derecho (art. 66 bis LGT).

¿Qué plazo tiene un obligado tributario persona física inscrito en el Censo de Empresarios para comunicar el cambio de domicilio fiscal, y cuál si no figura en dicho Censo?

Las personas físicas del Censo de Empresarios deben comunicar el cambio en el plazo de 1 mes desde que se produce. Las personas físicas no incluidas en el Censo disponen de 3 meses, aunque si antes de ese plazo vence el de presentación de una autoliquidación, la comunicación debe efectuarse en ese modelo de autoliquidación (art. 17 RGGI).

¿La interrupción de la prescripción de un obligado solidario afecta a los demás obligados al pago?

Sí. Cuando se interrumpe el plazo de prescripción para un obligado solidario, el efecto se extiende a todos los demás, incluidos los responsables (art. 68 LGT). La excepción opera en obligaciones mancomunadas: si solo se reclama a uno de los obligados, el plazo no se interrumpe para los restantes.