Guardia Civil | Tema 3

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales: objeto, derechos y aplicación en la Guardia Civil

La prevención de riesgos laborales es un tema recurrente en el examen de ingreso a la Guardia Civil. Abarca tres normas conectadas entre sí: la Ley 31/1995 (LPRL), el RD 67/2010 de adaptación a la AGE y el RD 179/2005 específico para la Guardia Civil. Suele concentrar entre 2 y 4 preguntas por convocatoria, muchas de ellas centradas en definiciones legales, exclusiones del ámbito de aplicación y órganos de prevención.

Objeto y ámbito de aplicación de la LPRL

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores. Para ello establece los principios generales de prevención, la eliminación o disminución de riesgos derivados del trabajo y la información, consulta, participación equilibrada y formación de los trabajadores.

Sus disposiciones laborales tienen carácter de derecho necesario mínimo indisponible: las partes no pueden pactar por debajo de esos mínimos, aunque sí mejorarlos mediante convenio colectivo.

La ley se aplica a las relaciones laborales del Estatuto de los Trabajadores, al personal de las Administraciones Públicas (con peculiaridades), a las sociedades cooperativas, a centros militares y a establecimientos penitenciarios.

Exclusiones del ámbito de aplicación

No se aplica la LPRL a actividades cuyas particularidades lo impidan en las funciones de policía, seguridad y resguardo aduanero; servicios operativos de protección civil y peritaje forense en casos de grave riesgo; y Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. La ley sí inspirará la normativa específica que se dicte para estos colectivos.

Definiciones clave del artículo 4

El examen pregunta con frecuencia las definiciones literales. Las más relevantes:

• Prevención: actividades o medidas adoptadas en todas las fases de actividad para evitar o disminuir los riesgos.
• Riesgo laboral: posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. Se califica valorando conjuntamente probabilidad y severidad.
• Riesgo grave e inminente: aquel probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave, aun cuando los efectos no se manifiesten de forma inmediata.
• Equipo de protección individual (EPI): equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para protegerle de uno o varios riesgos, incluidos complementos y accesorios.

Principios de la acción preventiva

El artículo 15 enumera nueve principios ordenados jerárquicamente: evitar los riesgos, evaluar los que no se puedan evitar, combatirlos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso, planificar la prevención, anteponer la protección colectiva a la individual y dar instrucciones a los trabajadores.

Las medidas preventivas deben prever las distracciones o imprudencias no temerarias del trabajador. El coste de la seguridad no recaerá nunca sobre los trabajadores.

Derechos de los trabajadores y obligaciones del empresario

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz, que incluye información, consulta y participación, formación preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud.

El empresario debe elaborar un plan de prevención de riesgos laborales integrado en la gestión de la empresa. Sus instrumentos esenciales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. La evaluación inicial se actualiza cuando cambien las condiciones de trabajo y se revisa tras producirse daños para la salud.

Vigilancia de la salud

Es periódica y, como regla general, voluntaria (requiere consentimiento del trabajador). Solo es obligatoria cuando sea imprescindible para evaluar efectos de las condiciones de trabajo, cuando el estado de salud del trabajador suponga un peligro para sí mismo o terceros, o cuando lo establezca una disposición legal. El acceso a la información médica personal se limita al personal médico y autoridades sanitarias.

Riesgo grave e inminente

Ante esta situación, el empresario debe informar a los trabajadores afectados, permitir la interrupción de la actividad y facilitar el abandono del puesto. Los representantes legales pueden acordar por mayoría la paralización, comunicándola de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, que en 24 horas anulará o ratificará la medida.

RD 67/2010: adaptación de la PRL a la AGE

Este real decreto adapta la normativa preventiva a la Administración General del Estado. Se aplica a la AGE y organismos públicos vinculados con personal funcionario o estatutario, a establecimientos penitenciarios y a centros militares con sus peculiaridades.

Comité de Seguridad y Salud en la AGE

Es el órgano paritario y colegiado de participación. Se forma por delegados de prevención y representantes de la Administración (en número no superior al de delegados). Se reúne trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las partes. Se constituye en centros con 50 o más empleados públicos.

Servicios de prevención

Con carácter general se prioriza la constitución de servicios de prevención propios. Se exige servicio propio cuando existan más de 500 empleados públicos, o entre 250 y 500 si se desarrollan actividades del Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención. Los servicios de prevención mancomunados requieren al menos 3 especialidades preventivas.

El órgano específico de participación sindical es la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Mesa General de Negociación de la AGE.

RD 179/2005: prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil

Su objeto es promover la seguridad y salud del personal del Cuerpo de la Guardia Civil y de los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la Dirección General de la Guardia Civil.

Ámbito de aplicación

Incluye a los miembros del Cuerpo y a militares destinados en unidades de la DGGC. Abarca las actividades específicas de la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las misiones de carácter militar se rigen por sus normas específicas. Se exceptúan las funciones exclusivas de policía, seguridad, resguardo aduanero y protección civil.

Órganos de prevención en la Guardia Civil

Son el conjunto de medios humanos para las actividades preventivas. Se estructuran en cuatro niveles: Servicio de Prevención (nivel central), Sección de Prevención de Zona, Oficina de Prevención de Comandancia y otras unidades. El jefe de cada unidad es responsable de aplicar las medidas y canalizar propuestas al órgano de prevención competente.

El Consejo de la Guardia Civil actúa como órgano de asesoramiento, analizando y valorando las propuestas del personal.

Inspección y control

Cada órgano de prevención se ocupa del control interno de sus dependientes. La Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad ejerce el control externo y recibe copia de la memoria anual del Servicio de Prevención.

Si detecta incumplimientos, emite una propuesta de requerimiento que se traslada al Director General de la Guardia Civil, quien puede formular alegaciones en 30 días hábiles. Sin alegaciones, el requerimiento se convierte en definitivo. Con discrepancias, la propuesta definitiva se eleva al Secretario de Estado de Seguridad.

Vigilancia de la salud en la Guardia Civil

Es periódica y voluntaria, con la excepción de que el estado de salud pueda constituir un peligro. La realizan los servicios de asistencia sanitaria y de psicología de la Guardia Civil. Se respeta la confidencialidad y los datos no pueden usarse con fines discriminatorios.

¿A qué actividades de la Guardia Civil no se aplica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales?

No se aplica a las actividades militares de la Guardia Civil ni a las funciones exclusivas de policía, seguridad, resguardo aduanero y servicios operativos de protección civil. Sin embargo, a las funciones que no presenten esas características exclusivas sí les será de aplicación la normativa general de PRL, con las peculiaridades del RD 67/2010 y del RD 179/2005.

¿Cuál es la regla general sobre la vigilancia de la salud y qué excepciones existen?

La regla general es que la vigilancia de la salud solo puede llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento (es voluntaria). Se exceptúa, previo informe de los representantes, en tres supuestos: cuando sea imprescindible para evaluar efectos de las condiciones de trabajo, cuando el estado de salud pueda constituir un peligro para el propio trabajador o terceros, y cuando lo establezca una disposición legal sobre riesgos específicos.

¿De cuánto plazo dispone la autoridad laboral para anular o ratificar la paralización acordada por los representantes de los trabajadores ante riesgo grave e inminente?

La autoridad laboral dispone de 24 horas para anular o ratificar la paralización. El acuerdo de paralización se comunica de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, y puede ser adoptado también por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no sea posible reunir al órgano de representación del personal.

¿Qué plazo tiene el Director General de la Guardia Civil para formular alegaciones ante una propuesta de requerimiento de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad?

Dispone de 30 días hábiles desde la notificación de la propuesta de requerimiento. Si no formula alegaciones, la propuesta adquiere automáticamente carácter definitivo. Si existen discrepancias, la Inspección puede elevar una propuesta de requerimiento definitivo al Secretario de Estado de Seguridad, quien dictará la resolución procedente.