Guardia Civil | Tema 10

La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

La Ley 39/2015 es una de las normas que más peso tiene en el temario de ingreso a la Guardia Civil. Regula cómo actúan las Administraciones Públicas en sus relaciones con los ciudadanos: desde quién puede ser interesado en un procedimiento hasta cómo se recurre un acto administrativo. Dominar sus plazos, conceptos y excepciones resulta decisivo en el examen.

Objeto y ámbito de aplicación

La Ley 39/2015 regula tres grandes bloques: los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común (incluido el sancionador y el de responsabilidad patrimonial) y los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

Se aplica a todo el sector público: Administración General del Estado (AGE), Administraciones autonómicas, Entidades Locales y sector público institucional. Las Corporaciones de Derecho Público se rigen por su normativa específica y, supletoriamente, por esta Ley.

Solo mediante ley pueden incluirse trámites adicionales, siempre que resulten eficaces, proporcionados, necesarios y motivados.

Interesados y representación

Tienen la condición de interesado quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, quienes sin haberlo iniciado tengan derechos que puedan resultar afectados, y quienes se personen antes de que recaiga resolución definitiva si sus intereses legítimos pueden verse afectados.

La representación debe acreditarse para formular solicitudes, interponer recursos, desistir o renunciar a derechos. Para actos de mero trámite se presume. La falta de acreditación no impide el acto si se subsana en 10 días. Los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos tienen una validez máxima de 5 años.

Obligación de relacionarse electrónicamente

Las personas físicas eligen libremente el canal. Están obligados a relacionarse por medios electrónicos las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, los profesionales de colegiación obligatoria (notarios, registradores), los empleados públicos y quienes representen a un obligado.

Obligación de resolver y silencio administrativo

La Administración debe dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos. El plazo máximo será el fijado por la norma reguladora; no puede exceder de 6 meses salvo que una ley o el Derecho de la UE prevean uno mayor. Si la norma no fija plazo, el supletorio es de 3 meses.

Silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado

La regla general es el silencio positivo (estimatorio). El silencio es negativo (desestimatorio) en los procedimientos relativos al derecho de petición, los que transfieran facultades sobre dominio público o servicio público, los de responsabilidad patrimonial, y los de impugnación y revisión de oficio.

Excepción relevante: si se interpone recurso de alzada contra una desestimación por silencio de una solicitud, y el órgano no resuelve en plazo, el recurso se entiende estimado, salvo que verse sobre las materias de silencio negativo.

Silencio en procedimientos iniciados de oficio

Si el procedimiento reconoce derechos, el silencio es desestimatorio. Si ejerce potestades sancionadoras o de gravamen, se produce la caducidad y se archivan las actuaciones.

Actos administrativos: nulidad y anulabilidad

Son nulos de pleno derecho los actos que lesionen derechos susceptibles de amparo constitucional, los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o territorio, los de contenido imposible, los constitutivos de infracción penal, los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento, y los contrarios al ordenamiento por los que se adquieran derechos sin requisitos esenciales.

Son anulables los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. El defecto de forma solo genera anulabilidad cuando el acto carezca de requisitos formales indispensables o cause indefensión.

La Administración puede convalidar los actos anulables subsanando los vicios. Si el vicio es de incompetencia no determinante de nulidad, convalida el superior jerárquico.

Notificaciones

Toda notificación debe cursarse en 10 días desde que se dictó el acto. Debe contener el texto íntegro de la resolución, si pone fin o no a la vía administrativa, los recursos procedentes, el órgano ante el que presentarlos y el plazo.

Las notificaciones electrónicas se entienden practicadas con el acceso a su contenido. Si son obligatorias y no se accede en 10 días naturales, se consideran rechazadas.

En papel, si nadie se hace cargo en el domicilio, se repite el intento una sola vez en hora distinta dentro de los 3 días siguientes. Si el primer intento fue antes de las 15:00 h, el segundo será después, y viceversa, con al menos 3 horas de diferencia.

Cómputo de plazos

Los plazos por días son hábiles (se excluyen sábados, domingos y festivos). Los plazos por horas también son hábiles. Los plazos por meses o años se computan de fecha a fecha. Si el último día es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente. Si un día es hábil en el municipio del interesado e inhábil en la sede del órgano, o viceversa, se considera inhábil.

Recursos administrativos

Recurso de alzada

Procede contra actos que no pongan fin a la vía administrativa. Se interpone en 1 mes (acto expreso) ante el órgano que dictó el acto o el superior jerárquico. Plazo máximo para resolver: 3 meses. Si no se resuelve, se entiende desestimado.

Recurso potestativo de reposición

Contra actos que pongan fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano que los dictó. Plazo: 1 mes (acto expreso). Resolución en 1 mes.

Recurso extraordinario de revisión

Solo contra actos firmes, cuando concurra error de hecho (plazo de 4 años), aparición de documentos esenciales, documentos o testimonios declarados falsos por sentencia firme, o resolución dictada como consecuencia de prevaricación u otra conducta punible (plazo de 3 meses desde el conocimiento). Resolución en 3 meses.

¿Qué efecto tiene el silencio administrativo cuando se interpone recurso de alzada contra la desestimación presunta de una solicitud?

El silencio se entiende estimatorio: si el órgano competente no dicta ni notifica resolución expresa en el plazo de resolución del recurso de alzada, este se considera estimado. La excepción opera cuando el recurso verse sobre las materias que tienen silencio negativo por ley (derecho de petición, dominio público, responsabilidad patrimonial, impugnación de actos y revisión de oficio).

¿Cuál es la diferencia entre nulidad de pleno derecho y anulabilidad en cuanto a la convalidación del acto?

Los actos nulos no pueden convalidarse; la nulidad es insubsanable y opera desde el origen. Los actos anulables sí pueden ser convalidados por la Administración subsanando el vicio. El acto de convalidación produce efectos desde su fecha, salvo que proceda retroactividad conforme al artículo 39.3.

¿Qué plazo tiene la Administración para cursar una notificación y qué ocurre si el segundo intento en papel resulta infructuoso?

La notificación debe cursarse en el plazo de 10 días desde que el acto fue dictado. Si el segundo intento en el domicilio también resulta infructuoso, se procede a la notificación por medio de anuncio en el BOE (notificación infructuosa del artículo 45), pudiendo publicarse previamente, con carácter facultativo, en el boletín autonómico, provincial o en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio.

¿Qué plazo de interposición tiene el recurso extraordinario de revisión por error de hecho y en qué se diferencia del plazo por las demás causas?

Por error de hecho que resulte de los propios documentos del expediente, el plazo es de 4 años desde la notificación de la resolución impugnada. En las restantes causas (documentos esenciales nuevos, documentos falsos por sentencia firme o conducta punible declarada judicialmente), el plazo es de 3 meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia quedó firme.