Cuerpo de Auxilio Judicial | Tema 13

Cuerpos Generales de la Administración de Justicia: funciones, acceso y régimen jurídico

Los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia constituyen uno de los pilares del sistema judicial español. Su regulación se encuentra principalmente en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), complementada por el TREBEP y el RD 1451/2005. Para las oposiciones de Auxilio Judicial, dominar las funciones de cada cuerpo, las vías de ingreso y el régimen de derechos y deberes es imprescindible.

Funciones de los tres Cuerpos Generales

Cada cuerpo opera bajo el principio de jerarquía y conforme a las relaciones de puestos de trabajo. Las funciones se regulan en los artículos 476 a 478 LOPJ.

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa (art. 476 LOPJ)

Colabora en la actividad procesal de nivel superior y realiza tareas procesales propias. Entre sus funciones: gestionar la tramitación de procedimientos dando cuenta al Letrado de la Administración de Justicia, practicar y firmar comparecencias con capacidad de certificación, documentar embargos y lanzamientos con consideración de agente de la autoridad, y ocupar las jefaturas de servicios comunes procesales. Los funcionarios de este cuerpo pueden ser nombrados Letrados de la Administración de Justicia sustitutos si reúnen los requisitos de titulación.

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (art. 477 LOPJ)

Realiza actividades de apoyo a la gestión procesal. Confecciona documentos, actas, diligencias y notificaciones; registra y clasifica correspondencia; forma autos y expedientes bajo supervisión del superior jerárquico; y confecciona las cédulas para los actos de comunicación.

Cuerpo de Auxilio Judicial (art. 478 LOPJ)

Su función general es el auxilio a la actividad de los órganos judiciales. Practica los actos de comunicación (notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos) con capacidad de certificación. Actúa como agente de la autoridad en embargos y lanzamientos, y como Policía Judicial. Además, realiza funciones de archivo bajo supervisión del Letrado, vela por las salas de vistas y comprueba el estado de los medios técnicos necesarios para el proceso judicial.

Formas de acceso y selección

El acceso a los Cuerpos Generales se rige por los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad (art. 103 CE, art. 483 LOPJ).

Sistemas selectivos

La oposición es el sistema ordinario de ingreso. El concurso-oposición tiene carácter excepcional. El temario y las pruebas son únicos para cada cuerpo en todo el territorio nacional. Las pruebas de conocimiento de lengua cooficial o derecho foral tienen carácter optativo y nunca son eliminatorias: solo cuentan para la adjudicación de destino dentro de la comunidad autónoma correspondiente.

Las pruebas se convocan y resuelven por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de forma territorializada. Las bases las elabora la Comisión de Selección de Personal (cuatro vocales del Ministerio y cuatro de las CCAA con competencias). En la oferta de empleo público se reserva un cupo no inferior al 7% de vacantes para personas con discapacidad.

Promoción interna (art. 490 LOPJ)

Permite el ascenso desde un cuerpo al inmediato superior. Se efectúa por concurso-oposición. Las plazas de promoción interna equivalen al 50% de las ofertadas para cada cuerpo. Los requisitos son: titulación del cuerpo de destino, al menos dos años de antigüedad en el cuerpo de origen y superar las pruebas. Los funcionarios que accedan por promoción interna tienen preferencia sobre los aspirantes de turno libre. Las plazas no cubiertas no acrecen al turno libre.

Adquisición y pérdida de la condición de funcionario

Adquisición (arts. 488 y 491 LOPJ)

Se adquiere mediante el cumplimiento sucesivo de estos requisitos: reunir las condiciones de la convocatoria, superar el proceso selectivo, recibir el nombramiento del Ministerio (publicado en BOE y boletines autonómicos), prestar juramento o promesa de cumplir las obligaciones del cargo y guardar la Constitución, y tomar posesión del destino adjudicado. Los destinos de nuevo ingreso tienen carácter definitivo, equivalente a los obtenidos por concurso.

Pérdida (art. 491.2 LOPJ, por remisión al art. 443.2)

La condición se pierde por: renuncia voluntaria escrita y aceptada, pérdida de la nacionalidad española, separación del servicio por sanción disciplinaria, inhabilitación absoluta o especial firme, jubilación (voluntaria, forzosa a los 65 años con posibilidad de prolongación hasta los 70, o por incapacidad permanente) y condena a pena privativa de libertad superior a tres años por delito doloso.

Rehabilitación (art. 493 LOPJ y arts. 76-81 RD 1451/2005)

Pueden rehabilitarse quienes perdieron la condición por pérdida de nacionalidad o incapacidad permanente (una vez desaparecida la causa), por inhabilitación o condena penal (extinguidas responsabilidades y cancelados antecedentes) y por separación disciplinaria. El órgano competente para resolver es el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Los separados o condenados no pueden solicitar la rehabilitación hasta transcurridos dos años desde la firmeza del acuerdo. El plazo máximo para resolver es de seis meses (silencio positivo). El periodo entre pérdida y rehabilitación no computa a efectos de trienios, ascensos ni derechos pasivos.

Derechos, deberes e incompatibilidades

Derechos (arts. 495-496 LOPJ)

Los derechos profesionales incluyen el mantenimiento de la condición funcionarial, la retribución, la carrera profesional, la formación, la no discriminación, las vacaciones, permisos y licencias, la seguridad y salud laboral, la jubilación y la Seguridad Social. Como derechos colectivos: libre sindicación, huelga (garantizando servicios esenciales), negociación colectiva y reunión.

Deberes (art. 497 LOPJ)

Los funcionarios deben respetar la Constitución, ejercer sus funciones con lealtad e imparcialidad, cumplir la jornada, mantener sigilo de los asuntos que conozcan, tratar con respeto a ciudadanos y profesionales, y velar por la conservación de los medios a su cargo.

Incompatibilidades (art. 498 LOPJ y Ley 53/1984)

Para los Cuerpos Generales resulta incompatible el ejercicio de la abogacía, procuraduría o profesión de Graduado Social, todo tipo de asesoramiento jurídico (retribuido o no), la condición de agente o empleado de seguros, los cargos de gerente o consejero de empresas lucrativas, la gestoría administrativa y las funciones periciales privadas ante Tribunales. Toda actividad que requiera compatibilidad exige autorización previa del Ministerio o la comunidad autónoma competente. No se autoriza compatibilidad en puestos de dedicación especial.

¿Qué porcentaje de plazas se convoca por promoción interna respecto a la oferta de empleo público de cada cuerpo?

El 50% de las plazas de cada cuerpo incluidas en la Oferta de Empleo Público. Estas plazas son adicionales a las de turno libre y, si no se cubren, no acrecen al turno libre ni se incorporan a la OEP.

¿Cuál es la diferencia entre las funciones del Cuerpo de Auxilio Judicial y el de Tramitación en materia de actos de comunicación?

El Cuerpo de Auxilio Judicial practica directamente los actos de comunicación (notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos), ostentando capacidad de certificación y credenciales. El Cuerpo de Tramitación, en cambio, confecciona las cédulas pertinentes para que esos actos se lleven a cabo, pero no los ejecuta.

¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que un funcionario separado del servicio por sanción disciplinaria pueda solicitar la rehabilitación?

Debe esperar al menos dos años desde la firmeza del acuerdo de separación para solicitar la apertura del expediente de rehabilitación (art. 78.5 RD 1451/2005). Si la resolución fuese desestimatoria, tampoco podrá volver a solicitarla hasta que transcurran otros dos años desde esa resolución.

¿Es eliminatoria la prueba de conocimiento de lengua cooficial en los procesos selectivos de los Cuerpos Generales?

No. Las pruebas de acreditación de lengua cooficial y derecho civil foral o especial tienen carácter optativo y nunca son eliminatorias. La puntuación obtenida solo se tiene en cuenta para la adjudicación de destino dentro de la comunidad autónoma correspondiente (art. 483.2 LOPJ).