CNP Escala Básica | Tema 13

Ley 5/2014 de Seguridad Privada: actividades, personal, empresas y coordinación

La Ley 5/2014 de Seguridad Privada (LSP) es uno de los temas más densos y preguntados en las oposiciones a Policía Nacional, Escala Básica. Aparece de forma recurrente en los exámenes con preguntas sobre categorías de personal, actividades exclusivas, prohibiciones y requisitos de habilitación. Dominar las distinciones entre actividades de seguridad privada, compatibles y excluidas resulta determinante para sumar puntos.

Objeto y naturaleza de la seguridad privada

La Ley 5/2014 (LSP) regula la realización y prestación por personas privadas de actividades y servicios de seguridad privada, contratados voluntaria u obligatoriamente para la protección de personas y bienes. También regula las investigaciones privadas.

Todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública. La ley establece la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS).

Actividades de seguridad privada (art. 5 LSP)

El artículo 5.1 enumera las actividades que constituyen seguridad privada. Las actividades de los apartados a) a g) se prestan únicamente por empresas de seguridad privada. La actividad del apartado h) (investigación privada) se presta por detectives privados con carácter exclusivo y excluyente.

Entre las actividades reservadas a empresas destacan: vigilancia y protección de bienes y eventos, acompañamiento y protección de personas físicas, depósito y custodia de objetos valiosos o peligrosos, transporte de estos objetos, instalación de sistemas conectados a centrales receptoras de alarmas, y la explotación de dichas centrales.

Actividades compatibles y excluidas

Las actividades compatibles (art. 6.1) quedan fuera del ámbito de la LSP pero pueden ser desarrolladas por empresas de seguridad privada: fabricación y venta de productos de cerrajería de seguridad, equipos electrónicos no conectados a centrales de alarma, conexión de sistemas contra incendios, y planificación y consultoría en seguridad.

El artículo 6.2 recoge servicios que también quedan fuera de la ley salvo que impliquen funciones de seguridad privada: información y control de accesos por porteros o conserjes, comprobación de visitantes, control de tránsito interior y comprobación de calderas. El personal no habilitado que realice estas funciones no podrá ejercer funciones reservadas al personal de seguridad privada, ni portar armas, ni usar uniformes o distintivos que puedan confundirse con los de dicho personal.

Las actuaciones de autoprotección (art. 7) no están sujetas a la ley: cautelas que los interesados adoptan por sí mismos sin contraprestación ni servicio a terceros.

Coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La colaboración profesional (art. 14) se basa en el principio de legalidad y en la necesidad de preservar la seguridad pública. Las empresas, despachos y personal de seguridad privada deben comunicar a las FCS cualquier circunstancia relevante para la seguridad ciudadana y todo hecho delictivo del que tengan conocimiento.

Corresponde a la Dirección General de la Policía el control de empresas, entidades y servicios privados de seguridad. La Dirección General de la Guardia Civil ejerce competencias en materia de armas sobre empresas y personal de seguridad privada, así como el control de los guardas rurales y sus especialidades.

Se constituyen comisiones mixtas de seguridad privada (nacionales, autonómicas o provinciales) como órganos consultivos y de colaboración entre Administraciones públicas y representantes del sector.

Empresas de seguridad privada

Las empresas requieren autorización administrativa e inscripción de oficio en el Registro correspondiente. La autorización se suple por declaración responsable cuando se dediquen exclusivamente a la instalación y mantenimiento de sistemas conectados a centrales de alarmas (art. 5.1.f). La validez de ambas es indefinida.

Pueden revestir forma societaria o de empresario individual y deben tener por objeto exclusivo las actividades del artículo 5.1 (excepto la h). Entre los requisitos generales (art. 19): nacionalidad UE o EEE, medios adecuados, seguro de responsabilidad civil, aval o seguro de caución, y ausencia de condenas por determinados delitos.

Despachos de detectives privados

Solo pueden abrirlos personas físicas habilitadas como detectives o personas jurídicas constituidas exclusivamente por detectives habilitados. Se inscriben de oficio previa declaración responsable de validez indefinida.

Los detectives no pueden investigar delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente cualquier hecho de esta naturaleza. Los informes de investigación deben conservarse al menos 3 años, y las imágenes y sonidos grabados se destruirán 3 años después de finalizar la investigación, salvo vinculación a procedimiento judicial, investigación policial o procedimiento sancionador.

Las empresas de seguridad no pueden realizar servicios de investigación privada, ni los despachos de detectives prestar servicios propios de empresas de seguridad (art. 10.3).

Personal de seguridad privada

El artículo 26 establece 6 categorías con 3 especialidades:

• Vigilantes de seguridad (especialidad: vigilantes de explosivos)
• Escoltas privados
• Guardas rurales (especialidades: guardas de caza y guardapescas marítimos)
• Jefes de seguridad
• Directores de seguridad
• Detectives privados

La habilitación de todo el personal corresponde a la DGP, excepto la de guardas rurales y sus especialidades, que corresponde a la DGGC. La Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) acredita al personal durante el ejercicio de sus funciones.

Para habilitarse como vigilante de explosivos se requiere previamente la habilitación como vigilante de seguridad. Para guardas de caza o guardapescas marítimos, la previa habilitación como guarda rural.

Protección jurídica

Las agresiones y desobediencias contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, se consideran agresiones a agentes de la autoridad cuando desarrollen actividades en cooperación y bajo el mando de las FCS (art. 31).

Servicios de seguridad privada

Los servicios con arma de fuego (art. 40) incluyen: vigilancia de transporte de dinero y valores, protección de fábricas y depósitos de armas y explosivos, vigilancia en buques mercantes en aguas de riesgo, y vigilancia perimetral de centros penitenciarios o instalaciones de organismos públicos. El personal solo puede portar el arma estando de servicio.

Los servicios de vigilancia y protección se prestan con carácter general en el interior de edificios e instalaciones. Pueden prestarse fuera sin autorización previa en supuestos tasados: manipulación de bienes valiosos en vía pública, retirada de fondos en cajeros, servicios de ronda, persecución en flagrante delito o razones humanitarias. Requieren autorización previa la vigilancia en polígonos industriales, urbanizaciones, complejos comerciales y eventos en vías públicas.

Los servicios de videovigilancia con finalidad de prevenir infracciones deben prestarse necesariamente por vigilantes de seguridad o guardas rurales. Las grabaciones están sometidas a los principios de proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima.

Medidas de seguridad privada

El artículo 52 establece cinco tipos de medidas: seguridad física, seguridad electrónica, seguridad informática, seguridad organizativa y seguridad personal. Los titulares de establecimientos obligados son responsables de su adopción, mientras que las empresas de seguridad contratadas responden de su correcta instalación, mantenimiento y funcionamiento.

¿Qué actividad de seguridad privada se presta por detectives privados con carácter exclusivo y excluyente, y qué limitación fundamental tienen estos respecto a los delitos?

La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos solo perseguibles a instancia de parte (art. 5.1.h). Los detectives no pueden investigar delitos perseguibles de oficio; si conocen hechos de esta naturaleza, deben denunciar inmediatamente ante la autoridad competente y poner a su disposición toda la información obtenida.

¿A quién corresponde la habilitación de los guardas rurales y sus especialidades, y qué requisito previo se exige para habilitarse como guarda de caza?

La habilitación corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil, a diferencia del resto del personal de seguridad privada, cuya habilitación corresponde a la DGP. Para habilitarse como guarda de caza (o guardapescas marítimo) es necesario haber obtenido previamente la habilitación como guarda rural.

¿En qué supuesto concreto el personal de seguridad privada recibe la protección jurídica de agente de la autoridad?

Cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las FCS, estando debidamente identificado (art. 31 LSP). Fuera de ese supuesto, no gozan de esa protección. El matiz clave es la exigencia acumulativa de cooperación, mando policial e identificación.

¿Cuándo se sustituye la autorización administrativa por declaración responsable para una empresa de seguridad privada?

Cuando la empresa pretenda dedicarse exclusivamente a la actividad del artículo 5.1.f): instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia. En ambos casos (autorización o declaración responsable), la validez es indefinida.