CNP Escala Básica | Tema 16

Derecho penal general: concepto, principios, delito y consecuencias jurídicas

El Derecho penal general constituye uno de los bloques con mayor peso en las oposiciones a Policía Nacional. Dominar sus conceptos permite resolver con seguridad preguntas sobre principios, clasificación de delitos, grados de ejecución, autoría y penas. Este tema abarca desde la definición misma de Derecho penal hasta las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Concepto de Derecho penal

El Derecho penal es el sistema de protección de los bienes jurídicos esenciales para el individuo y la sociedad. Estos bienes jurídicos son valores necesarios e imprescindibles para el funcionamiento social y están jerarquizados: individuales, colectivos, de carácter institucional y de control (principio de autoridad).

El Derecho penal protege estos bienes exclusivamente frente a las formas más graves e intolerables de agresión, mediante normas penales que contienen mandatos (ordenan acciones) y prohibiciones (evitan acciones).

Desde el punto de vista subjetivo, el Derecho penal equivale al ius puniendi del Estado. Desde el punto de vista objetivo, es el conjunto de normas que regulan las infracciones y sus consecuencias.

Principios informadores del Derecho penal

Los principios informadores actúan como límite al ius puniendi estatal y como garantía para los ciudadanos. Su origen se sitúa en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Principio de legalidad

Se resume en el aforismo de Feuerbach: nullum crimen, nulla poena sine lege. Se recoge en los artículos 9.3 y 25.1 CE y despliega cuatro garantías:

• Garantía criminal (arts. 1, 4.1 y 4.2 CP): no hay delito sin ley previa. Queda prohibida la analogía.
• Garantía penal (art. 2.1 CP): no hay pena ni medida de seguridad sin ley. Rige la irretroactividad, salvo ley más favorable.
• Garantía judicial (art. 3.1 CP): no hay condena sin juicio legal.
• Garantía de ejecución (art. 3.2 CP): las penas se cumplen conforme al CP y la Ley General Penitenciaria.

Principio de intervención mínima

El Derecho penal es la ultima ratio. Antes deben agotarse la política social adecuada y las sanciones civiles o administrativas. La reforma LO 1/2015 eliminó las faltas, transformándolas en delitos leves o infracciones administrativas.

Principio de culpabilidad

Recogido en el artículo 5 CP: no hay pena sin dolo o imprudencia. Incluye cuatro subprincipios: personalidad de las penas, responsabilidad por el hecho, exigencia de dolo o imprudencia y proporcionalidad.

Principio de resocialización

El artículo 25.2 CE orienta las penas privativas de libertad y medidas de seguridad a la reeducación y reinserción social.

La infracción penal y el concepto material de delito

El concepto formal de delito está en el artículo 10 CP: son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. El artículo 13 CP los clasifica en graves, menos graves y leves.

La imprudencia se castiga como numerus clausus (art. 12 CP): solo cuando la ley lo disponga expresamente. Existen tres tipos: grave, menos grave y profesional.

El concepto material atiende a la peligrosidad de la conducta que lesiona o pone en riesgo un bien jurídico. Las características esenciales del delito según la escuela del causalismo son: acción típica, antijurídica, culpable y punible.

Acción y tipicidad

La acción requiere conducta humana voluntaria. Quedan excluidos los hechos de animales, la fuerza irresistible, los movimientos reflejos y los estados de inconsciencia. La conducta se manifiesta como acción en sentido estricto, omisión pura u omisión impropia (comisión por omisión del garante, art. 11 CP).

La tipicidad exige que la conducta encaje en un precepto de ley penal. Tiene elementos objetivos (bien jurídico, sujetos, conducta y resultado típicos) y subjetivos (dolo o imprudencia).

Antijuricidad, culpabilidad y punibilidad

La antijuricidad implica que la conducta es contraria a Derecho y no concurre causa de justificación (legítima defensa, estado de necesidad justificante, cumplimiento del deber). La culpabilidad requiere imputabilidad y conocimiento de la antijuricidad. La punibilidad es la facultad del legislador de asociar pena a la conducta, salvo causas de exclusión personales o excusas absolutorias.

El error en Derecho penal

El artículo 14 CP distingue el error de tipo (afecta al dolo) del error de prohibición (afecta a la culpabilidad). Si el error de tipo es invencible, excluye toda responsabilidad; si es vencible, excluye el dolo pero puede subsistir imprudencia. El error de prohibición invencible excluye la responsabilidad; el vencible permite rebajar la pena en uno o dos grados.

Grados de ejecución del delito

El iter criminis comprende una fase interna (impune) y una fase externa. Dentro de la fase externa:

Los actos preparatorios punibles solo se castigan cuando el CP lo prevé expresamente: conspiración (art. 17.1), proposición (art. 17.2) y provocación (art. 18). Los tres se caracterizan porque no hay ejecución del delito.

La tentativa (art. 16 CP) exige dolo, inicio de ejecución y no producción del resultado por causas ajenas al autor. Puede ser acabada (delito frustrado) o inacabada. Se sanciona con pena inferior en uno o dos grados. El desistimiento voluntario exime de pena por la tentativa, respondiendo solo de los actos ya consumados.

El delito consumado se produce cuando se realizan todos los elementos del tipo y se obtiene el resultado.

Personas criminalmente responsables

Según el artículo 27 CP, son responsables los autores y los cómplices. El artículo 28 CP define al autor como quien realiza el hecho por sí solo (autoría directa), conjuntamente (coautoría) o por medio de otro (autoría mediata). También se consideran autores los inductores y los cooperadores necesarios.

El cómplice (art. 29 CP) presta una ayuda no imprescindible, con actos anteriores o simultáneos. Su pena es inferior en grado a la del autor.

Las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables desde la LO 5/2010. El artículo 31 bis CP establece dos vías de imputación: delitos cometidos por representantes legales y delitos cometidos por empleados con déficit de supervisión. La adopción de un modelo eficaz de prevención (compliance) puede eximir o atenuar la responsabilidad.

Consecuencias jurídicas: penas y medidas de seguridad

Las penas se clasifican por el derecho restringido en privativas de libertad (prisión permanente revisable, prisión de 3 meses a 20 años, localización permanente), privativas de derechos (inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, entre otras) y multa (sistema de días-multa, cuota diaria de 2 a 400 euros).

La prisión tiene una duración mínima de 3 meses y máxima de 20 años. El tercer grado en penas superiores a 5 años puede condicionarse al cumplimiento de la mitad de la condena; en delitos de terrorismo u organizaciones criminales, esta exigencia opera obligatoriamente.

Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal y requieren la comisión previa de un delito (no son pre-delictivas). Se dividen en privativas de libertad (internamiento psiquiátrico, de deshabituación, educativo especial) y no privativas.

Edad penal y sus efectos

Los mayores de 18 años responden conforme al Código Penal. Los menores entre 14 y 17 años se rigen por la LO 5/2000 (LORPM): el Ministerio Fiscal instruye el procedimiento y se imponen medidas (no penas). Los menores de 14 años quedan fuera de la responsabilidad penal. La detención policial de menores tiene un plazo máximo de 24 horas.

Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

Son elementos accidentales que aumentan o disminuyen la gravedad. Las atenuantes (art. 21 CP) incluyen eximentes incompletas, grave adicción, arrebato, confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas. Las agravantes (art. 22 CP) comprenden alevosía, disfraz, precio o recompensa, motivos discriminatorios, ensañamiento, abuso de confianza, prevalimiento del carácter público y reincidencia. La circunstancia mixta de parentesco (art. 23 CP) puede operar como atenuante o agravante según la naturaleza del delito.

¿Qué diferencia existe entre el error de tipo vencible y el error de prohibición vencible en cuanto a sus consecuencias penales?

El error de tipo vencible (art. 14.1 y 14.2 CP) excluye el dolo pero permite castigar por imprudencia si el delito la admite. El error de prohibición vencible (art. 14.3 CP) no excluye el dolo: el sujeto responde del delito doloso, pero con la pena rebajada en uno o dos grados.

¿Por qué la conspiración, la proposición y la provocación no se castigan siempre?

Los tres son actos preparatorios punibles que solo se sancionan cuando el Código Penal lo prevé expresamente para un delito concreto (sistema de numerus clausus). Si el CP no contempla su punición para ese tipo delictivo, resultan impunes.

¿Cuál es la duración máxima de la pena de prisión y qué requisitos exige la suspensión de la prisión permanente revisable?

La prisión ordinaria tiene una duración máxima de 20 años (art. 36 CP). La prisión permanente revisable puede suspenderse conforme al artículo 92 CP cuando el penado haya cumplido 25 años de prisión efectiva, se encuentre clasificado en tercer grado y el tribunal valore favorablemente su reinserción mediante un procedimiento oral contradictorio.

¿Qué pena corresponde al cómplice y en qué se diferencia del cooperador necesario?

El cómplice recibe pena inferior en grado a la fijada para los autores (art. 63 CP). Su aportación no es imprescindible para la comisión del delito: facilita bienes o medios fácilmente sustituibles. El cooperador necesario, en cambio, realiza un acto sin el cual el delito no se habría ejecutado y recibe la misma pena que el autor (art. 28.b CP).