Aux. Administrativo Salud | Tema 6

La Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género: conceptos, reformas y aspectos procesales

La LO 1/2004, de 28 de diciembre, es una de las normas más preguntadas en oposiciones del ámbito sanitario y administrativo. Su carácter integral implica que abarca desde medidas educativas y preventivas hasta reformas penales y la creación de órganos judiciales especializados. Conocer su estructura, sus conceptos fundamentales y las principales novedades procesales resulta imprescindible para cualquier opositor al sistema de salud.

Objeto y fundamento constitucional de la Ley

La Ley Orgánica 1/2004 tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación y la situación de desigualdad, se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia (artículo 1).

Su fundamento constitucional se apoya en el artículo 15 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral. La propia Exposición de Motivos de la ley afirma que la violencia de género no es un problema del ámbito privado, sino el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad.

Violencia doméstica frente a violencia de género

Uno de los puntos que más confusión genera en examen es la diferencia entre ambos conceptos.

La violencia doméstica comprende toda violencia ejercida entre las personas descritas en el artículo 173.2 del Código Penal: cónyuges, ascendientes, descendientes, personas sometidas a custodia o guarda, u otras integradas en el núcleo de convivencia familiar. No exige una relación sentimental ni un sexo determinado en agresor o víctima.

La violencia de género requiere tres elementos simultáneos: relación sentimental (actual o pasada, análoga a la conyugal, aunque no haya habido convivencia), sujeto activo masculino y sujeto pasivo femenino. El Tribunal Constitucional (STC 57/2008, de 14 de mayo) confirmó que no se aplica a relaciones entre mujeres ni entre hombres, porque el artículo 1 de la LO 1/2004 vincula la protección a las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

Ambos conceptos pueden converger: un acto de violencia de un hombre contra su pareja mujer con la que convive constituye, a la vez, violencia doméstica y violencia de género.

Principales reformas del Código Penal

La LO 1/2004 modificó directamente varios preceptos del Código Penal:

• Suspensión y sustitución de penas (artículos 83, 84 y 88): se establece un régimen especial para delitos de violencia de género. El juez debe imponer obligatoriamente la prohibición de aproximarse a la víctima, acudir a determinados lugares y participar en programas de sensibilización, limitando la discrecionalidad judicial.
• Lesiones agravadas (artículo 148): se añaden tres criterios de agravación: alevosía, que la víctima sea o haya sido esposa o pareja del autor y que se trate de persona especialmente vulnerable conviviente.
• Maltrato ocasional (artículo 153): se imponen penas distintas según la víctima sea pareja o ex pareja del autor. La pena oscila entre seis meses y un año de prisión, frente a los tres meses a un año del tipo general.
• Amenazas y coacciones leves: la LO 1/2004 elevó a la categoría de delito conductas que antes eran faltas cuando la víctima es pareja o ex pareja del agresor (artículo 171.4 CP para amenazas leves).

Los «olvidos» del legislador

La reforma no alcanzó a todos los tipos penales. No se agravaron los delitos de homicidio, las agresiones sexuales ni las detenciones ilegales en el contexto de violencia de género. El TC justificó esta exclusión (STC 57/2008) argumentando que esos delitos ya tienen un desvalor y una pena significativamente mayores. Sin embargo, la doctrina ha criticado que, por ejemplo, el aislamiento y la privación de libertad de la víctima son conductas muy frecuentes en estos contextos.

Quebrantamiento de condena: artículo 468.2 CP

El artículo 468.2 del Código Penal castiga con pena privativa de libertad el quebrantamiento de las prohibiciones de aproximación o comunicación impuestas como pena o medida cautelar en procesos de violencia de género.

El problema práctico surge cuando el quebrantamiento se produce con el consentimiento de la propia víctima. La STS 39/2009, con base en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 25 de noviembre de 2008, declaró la irrelevancia del consentimiento de la víctima: el perdón del ofendido solo opera en delitos privados. El varón será autor del quebrantamiento; la mujer podría ser considerada cooperadora necesaria o inductora, aunque en la práctica rara vez se le imputa.

El voto particular de los magistrados Bacigalupo y Maza distinguió entre quebrantamiento de pena firme y quebrantamiento de medida cautelar, defendiendo que una persona adulta que desea reanudar su relación no puede quedar limitada contra su voluntad por medidas cautelares que estima innecesarias.

Juzgados de Violencia sobre la Mujer

La creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (artículo 87 ter LOPJ) constituye una de las novedades más relevantes de la LO 1/2004. Suponen una especialización dentro del orden penal de los Juzgados de Instrucción.

Competencia penal

Instruyen procesos por homicidio, aborto, lesiones, delitos contra la libertad, integridad moral, libertad e indemnidad sexuales, delitos contra derechos y deberes familiares y cualquier delito cometido con violencia o intimidación, siempre que víctima y agresor mantengan o hayan mantenido relación de pareja.

Competencia civil

Conocen de procesos de filiación, nulidad, separación y divorcio, guarda y custodia, alimentos y adopción, siempre que concurran cuatro requisitos simultáneos: que se trate de uno de esos procesos civiles, que una parte sea víctima de violencia de género, que otra parte sea imputada como autor y que se hayan iniciado actuaciones penales o se haya adoptado una orden de protección.

Esta acumulación de competencias penal y civil evita resoluciones incongruentes y proporciona al juzgador una visión global de la relación.

La denuncia y la negativa a declarar de la víctima

La denuncia es el medio más habitual de inicio del proceso penal en violencia de género (más del 80 % se interponen ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). La persecución de oficio existe legalmente, pero en la práctica resulta muy limitada sin la colaboración de la víctima.

El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispensa de la obligación de declarar a los parientes del acusado. La víctima casada o conviviente con el agresor puede acogerse a esta exención. La jurisprudencia del TS ha generado interpretaciones dispares: la STS 625/2007 señaló que cuando la propia víctima formaliza denuncia espontánea para obtener protección, no le es aplicable la dispensa del artículo 416.1.º LECrim.

Medidas de protección de la víctima

El artículo 63 de la LO 1/2004 prevé medidas para proteger la intimidad y seguridad de las víctimas: celebración de vistas a puerta cerrada, reserva de actuaciones y protección de datos personales de la víctima, sus descendientes y personas bajo su guarda. La orden de protección puede ser adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer o, en su defecto, por el Juez de guardia, y comprende medidas penales (alejamiento, prohibición de comunicación) y civiles (atribución de vivienda, custodia, pensión).

¿Qué diferencia esencial existe entre violencia doméstica y violencia de género según la LO 1/2004?

La violencia de género exige que el agresor sea hombre, la víctima sea mujer y que exista o haya existido entre ambos una relación sentimental análoga a la conyugal, aun sin convivencia. La violencia doméstica abarca cualquier violencia entre las personas del artículo 173.2 CP (cónyuges, ascendientes, descendientes, personas en custodia), sin exigir un sexo determinado ni relación de pareja.

¿Puede la víctima de violencia de género negarse a declarar contra su agresor en el juicio oral?

Sí, si está casada con él o mantiene una relación análoga a la conyugal con convivencia, en virtud de la dispensa del artículo 416 LECrim. Sin embargo, la STS 625/2007 estableció que cuando la víctima formalizó denuncia espontánea buscando protección, esa dispensa no resulta aplicable. La cuestión sigue siendo controvertida y depende de la interpretación del tribunal.

¿Qué consecuencias tiene el consentimiento de la víctima en el quebrantamiento de una orden de alejamiento?

Según el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional del TS de 25 de noviembre de 2008 (ratificado en STS 39/2009), el consentimiento de la víctima es irrelevante: no exime ni atenúa la responsabilidad del agresor. El varón será autor del delito del artículo 468.2 CP. En teoría, la mujer podría responder como inductora o cooperadora necesaria, aunque en la práctica judicial rara vez se le imputa.

¿Qué cuatro requisitos deben concurrir para que un Juzgado de Violencia sobre la Mujer asuma competencia civil?

Deben darse simultáneamente: que el proceso sea de los enumerados en el artículo 87 ter LOPJ (filiación, separación, custodia, etc.), que una parte sea víctima de violencia de género, que otra parte esté imputada como autor, inductor o cooperador necesario en actos de violencia de género, y que se hayan iniciado actuaciones penales o se haya adoptado una orden de protección.