Agentes Hacienda Pública | Tema 5

Funcionamiento electrónico del sector público: administración electrónica, transparencia y protección de datos

Este tema concentra tres bloques normativos esenciales para Agentes de la Hacienda Pública: la administración electrónica (Ley 39/2015, Ley 40/2015 y RD 203/2021), la transparencia y buen gobierno (Ley 19/2013) y la protección de datos personales (Reglamento UE 2016/679 y LO 3/2018). Es uno de los temas más extensos del programa y genera preguntas frecuentes en exámenes sobre plazos, sujetos obligados y principios.

Derecho y obligación de relación electrónica con las Administraciones Públicas

La Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 consagran la tramitación electrónica como la actuación habitual de las Administraciones Públicas. Las personas físicas pueden elegir si se relacionan electrónicamente o no, y modificar esa elección en cualquier momento. Los efectos del cambio se producen a partir del 5.º día hábil siguiente a la constancia por el órgano competente.

Están obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14.2 Ley 39/2015): las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan actividad profesional de colegiación obligatoria (incluidos notarios y registradores), quienes representen a un obligado y los empleados públicos por razón de su condición.

Si un obligado no utiliza medios electrónicos, el órgano competente requerirá la subsanación con un plazo de 10 días. De no atenderse, se le tendrá por desistido o decaído en su derecho al trámite.

Sede electrónica y Portal de Internet

El portal de internet es el punto de acceso electrónico a la información publicada por una Administración, organismo público o entidad de Derecho público (art. 39 Ley 40/2015). La sede electrónica es la dirección electrónica donde se realizan actuaciones y trámites que requieren identificación de la Administración o firma electrónica de los interesados (art. 38 Ley 40/2015).

La creación de sedes electrónicas se sujeta a principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Su titular responde de la integridad, veracidad y actualización de la información.

Registro electrónico y archivo electrónico

Cada Administración debe disponer de un Registro Electrónico General donde se asienta todo documento presentado o recibido (art. 16 Ley 39/2015). Los registros electrónicos permiten la presentación todos los días del año, durante las 24 horas. La presentación en día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente.

Los documentos presentados en papel deben ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros, devolviendo los originales al interesado. Cada Administración mantendrá un archivo electrónico único de los documentos correspondientes a procedimientos finalizados (art. 17 Ley 39/2015).

El Registro Electrónico de Apoderamientos inscribe poderes apud acta con una validez máxima de 5 años, prorrogable por períodos de igual duración.

Ley 19/2013: transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

La Ley 19/2013 tiene un triple objeto: reforzar la publicidad activa, garantizar el derecho de acceso a la información pública y establecer obligaciones de buen gobierno para los responsables públicos.

Publicidad activa

Los sujetos del art. 2 (Administraciones, organismos, sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público, etc.) deben publicar de forma periódica y actualizada información institucional, de relevancia jurídica y económico-presupuestaria. El control del cumplimiento corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El incumplimiento reiterado constituye infracción grave.

Derecho de acceso a la información pública

Todas las personas tienen derecho de acceso. La solicitud no requiere motivación. El plazo máximo para notificar la resolución es de 1 mes, ampliable otro mes. El silencio es negativo (desestimatorio). Contra la resolución cabe reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de 1 mes, que debe resolverse en 3 meses (silencio negativo).

Los límites al acceso incluyen seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública y protección de datos personales, entre otros (art. 14 Ley 19/2013).

Buen gobierno y régimen sancionador

Las normas de buen gobierno se aplican a miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos. Las infracciones disciplinarias se clasifican en muy graves, graves y leves. La sanción por infracción muy grave incluye destitución e inhabilitación para ocupar alto cargo durante un periodo de entre 5 y 10 años. Las infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria son siempre muy graves cuando sean culpables.

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Órgano con personalidad jurídica propia adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Su Presidente se nombra por Real Decreto del Consejo de Ministros, con ratificación del Congreso por mayoría absoluta, para un mandato de 5 años no renovable. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno integra representantes del Congreso, Senado, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, AEPD y Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, entre otros.

Protección de datos: Reglamento UE 2016/679 y LO 3/2018

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece los principios de licitud, lealtad y transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación e integridad y confidencialidad. El responsable del tratamiento debe demostrar su cumplimiento (responsabilidad proactiva).

El tratamiento es lícito cuando se basa en el consentimiento del interesado, la ejecución de un contrato, una obligación legal, la protección de intereses vitales, una misión de interés público o el interés legítimo del responsable (art. 6 RGPD).

Derechos de las personas

Los interesados pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión (olvido), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones automatizadas. En la LO 3/2018 el consentimiento de menores es válido a partir de los 14 años. Por debajo de esa edad se requiere consentimiento del titular de la patria potestad o tutela.

Delegado de protección de datos

Es obligatorio cuando el tratamiento lo realice una autoridad pública, cuando las actividades principales exijan observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, o cuando se traten a gran escala categorías especiales de datos. Las designaciones deben comunicarse a la AEPD en el plazo de 10 días.

Agencia Española de Protección de Datos

Autoridad administrativa independiente con personalidad jurídica propia. Su Presidencia se nombra por Real Decreto del Consejo de Ministros, con ratificación del Congreso (mayoría de 3/5 en primera votación o mayoría absoluta en segunda), para un mandato de 5 años renovable por otro periodo igual. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa y se recurren ante la Audiencia Nacional.

¿Qué plazo tiene el obligado a relacionarse electrónicamente para subsanar si no ha utilizado medios electrónicos?

El órgano competente le requerirá la subsanación con un plazo de 10 días. Si no atiende el requerimiento, se le tendrá por desistido de su solicitud o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente. Este régimen se aplica también a las personas físicas no obligadas que hayan optado voluntariamente por la vía electrónica.

¿En qué se diferencia el mandato del Presidente del Consejo de Transparencia y el de la Presidencia de la AEPD?

El Presidente del Consejo de Transparencia tiene un mandato de 5 años no renovable. La Presidencia de la AEPD tiene un mandato de 5 años renovable por otro periodo de igual duración. Ambos son nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros, pero la ratificación parlamentaria tiene mayorías distintas: mayoría absoluta del Congreso para Transparencia y mayoría de 3/5 (o mayoría absoluta en segunda votación) de la Comisión de Justicia para la AEPD.

¿A partir de qué edad puede un menor consentir por sí mismo el tratamiento de sus datos personales en España?

A partir de los 14 años, conforme al artículo 7 de la LO 3/2018. Por debajo de esa edad, el tratamiento fundado en el consentimiento solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela. El RGPD fija la edad general en 16 años pero permite que los Estados la rebajen hasta un mínimo de 13 años; España ha establecido ese umbral en 14.

¿Cuál es el sentido del silencio administrativo en la solicitud de acceso a información pública y en la reclamación ante el Consejo de Transparencia?

En ambos casos el silencio es negativo (desestimatorio). La solicitud de acceso debe resolverse en 1 mes (ampliable a 2). La reclamación ante el Consejo de Transparencia debe resolverse en 3 meses. Transcurridos esos plazos sin resolución expresa, el solicitante puede entender desestimada su pretensión.