Agentes Hacienda Pública | Tema 26

Revisión de actos tributarios en vía administrativa: LGT arts. 213 a 249

La revisión de actos tributarios es uno de los bloques con mayor peso en las oposiciones a Agentes de la Hacienda Pública. El sistema de recursos y reclamaciones en materia tributaria presenta diferencias notables respecto al régimen administrativo general, sobre todo por la existencia de la vía económico-administrativa. Dominar los plazos, órganos competentes y supuestos de cada procedimiento resulta determinante en el examen.

Formas de revisión de los actos tributarios

Los actos administrativos de naturaleza tributaria pueden revisarse por vía administrativa o por vía jurisdiccional. Dentro de la vía administrativa, el artículo 213.1 LGT distingue tres formas de revisión:

• Procedimientos especiales de revisión (revisión de oficio): nulidad de pleno derecho, declaración de lesividad, revocación, rectificación de errores y devolución de ingresos indebidos.
• Recurso de reposición: previo a la vía económico-administrativa.
• Reclamaciones económico-administrativas: vía específica tributaria que agota la vía administrativa.

Los actos confirmados por sentencia judicial firme no pueden revisarse en ningún caso por vía administrativa (art. 213.3 LGT). Las resoluciones firmes de los tribunales económico-administrativos solo admiten revisión mediante nulidad de pleno derecho, rectificación de errores o recurso extraordinario de revisión.

Procedimientos especiales de revisión

Estos procedimientos responden al principio de autotutela administrativa: permiten a la Administración volver sobre sus propios actos sin necesidad de acudir a los tribunales. Son excepcionales y solo proceden en supuestos tasados.

Declaración de nulidad de pleno derecho

Regulada en el artículo 217 LGT, se aplica a actos firmes en vía administrativa que adolecen de vicios graves: lesión de derechos susceptibles de amparo constitucional, incompetencia manifiesta por razón de materia o territorio, contenido imposible, actos constitutivos de infracción penal, omisión total del procedimiento legalmente establecido, o adquisición de derechos sin requisitos esenciales.

No está sujeta a plazo de inicio (la nulidad es imprescriptible). Requiere dictamen del Consejo de Estado con carácter vinculante. El plazo máximo para notificar la resolución es de un año. La resolución pone fin a la vía administrativa.

Declaración de lesividad

Permite a la Administración impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa sus propios actos favorables a los interesados que infrinjan el ordenamiento jurídico (art. 218 LGT). No anula directamente el acto, sino que abre la puerta a su impugnación judicial.

Se inicia siempre de oficio. El plazo para adoptarla es de cuatro años desde la notificación del acto. El plazo de resolución es de tres meses, transcurrido el cual se produce caducidad.

Revocación

Prevista en el artículo 219 LGT, procede respecto de actos de aplicación de tributos y sanciones en beneficio de los interesados cuando infrinjan manifiestamente la ley, exista una causa sobrevenida que evidencie su improcedencia, o se haya producido indefensión. Se inicia siempre de oficio, aunque los interesados pueden promover su inicio. El plazo de resolución es de seis meses. La resolución pone fin a la vía administrativa.

Rectificación de errores

El artículo 220 LGT permite corregir errores materiales, de hecho o aritméticos en actos y resoluciones. No anula el acto, solo lo modifica. Se inicia de oficio o a instancia del interesado, dentro del plazo de prescripción. El plazo para resolver es de seis meses. La resolución admite recurso de reposición y reclamación económico-administrativa.

Devolución de ingresos indebidos

Regulada en el artículo 221 LGT, procede ante duplicidad de pago, pago excesivo o pago de deudas prescritas. Su naturaleza es de procedimiento de gestión declarativo del derecho, no de revisión propiamente dicha. Se inicia de oficio o a instancia del interesado. El plazo para resolver es de seis meses. Contra la resolución cabe reposición y reclamación económico-administrativa.

El recurso de reposición

Regulado en los artículos 222 a 225 LGT, es un recurso administrativo potestativo en el ámbito estatal y preceptivo en el ámbito local (salvo en municipios de gran población del art. 121 LBRL). Se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado.

El plazo de interposición es de un mes desde la notificación del acto. El escrito debe contener las alegaciones (no existe fase posterior de puesta de manifiesto). El plazo máximo de resolución es de un mes. Si no se resuelve en plazo, la pretensión se entiende desestimada por silencio administrativo negativo.

La interposición no suspende la ejecución del acto, salvo que se aporten garantías suficientes (depósito, aval, fianza). Excepción: las sanciones se suspenden automáticamente sin garantía. El recurso no puede simultanearse con la reclamación económico-administrativa; si se presentan ambos, se tramita el interpuesto en primer lugar.

Rige la prohibición de reformatio in peius: la resolución no puede empeorar la situación inicial del recurrente.

Las reclamaciones económico-administrativas

Las reclamaciones económico-administrativas (arts. 226 a 248 LGT) constituyen la vía de revisión preceptiva que agota la vía administrativa en el ámbito estatal. No requieren asistencia letrada.

Actos reclamables y legitimación

Son susceptibles de reclamación los actos que reconozcan o denieguen derechos, declaren obligaciones, o sean actos de trámite que decidan sobre el fondo del asunto. El artículo 227 LGT enumera, entre otros: liquidaciones provisionales o definitivas, comprobaciones de valor, actos denegatorios de exenciones, actos recaudatorios y actuaciones de particulares en materia de repercusiones y retenciones.

Están legitimados los obligados tributarios, los sujetos infractores y cualquier persona con intereses legítimos afectados (art. 232 LGT). No tienen legitimación los denunciantes ni quienes asumen obligaciones tributarias por pacto privado.

Interposición y plazos

El plazo de interposición es de un mes desde la notificación del acto. El escrito se presenta ante el órgano que dictó el acto, que debe remitirlo al tribunal competente en un mes junto con el expediente.

Los tribunales económico-administrativos

Los órganos competentes para resolver son el TEAC (ámbito nacional), los TEAR (uno por comunidad autónoma) y los TEAL (Ceuta y Melilla). Actúan con independencia funcional respecto de los órganos de aplicación de los tributos.

Los TEAR y TEAL conocen en única instancia cuando la cuantía no supera 150.000 € (deudas) o 1.800.000 € (bases o valores), y en primera instancia cuando la supera, siendo entonces recurrible en alzada ante el TEAC. El TEAC conoce en única instancia de actos dictados por órganos centrales.

El plazo de resolución es de un año en cualquier instancia. Si no se resuelve en plazo, el interesado puede considerar desestimada la reclamación por silencio negativo. Transcurrido el año sin resolución, dejan de devengarse intereses de demora si medió suspensión.

La doctrina del TEAC vincula a los TEAR, TEAL y órganos económico-administrativos autonómicos (art. 239.7 LGT).

¿Puede simultanearse el recurso de reposición con la reclamación económico-administrativa contra un mismo acto tributario?

No. El artículo 222.2 LGT lo prohíbe expresamente. Si se interponen ambos, se tramita el presentado en primer lugar y se declara inadmisible el segundo. El recurrente debe hacer constar en el escrito de reposición que no ha impugnado el acto en vía económico-administrativa.

¿Qué diferencia existe entre el plazo para iniciar la declaración de nulidad de pleno derecho y la declaración de lesividad?

La declaración de nulidad de pleno derecho no está sujeta a plazo alguno: puede iniciarse en cualquier momento porque la nulidad es imprescriptible. La declaración de lesividad debe adoptarse en el plazo de cuatro años desde la notificación del acto, plazo que es de caducidad y no admite interrupciones.

¿Cuándo se suspende automáticamente la ejecución del acto impugnado sin necesidad de aportar garantía en vía económico-administrativa?

En dos supuestos: cuando se impugna una sanción tributaria (art. 212.3 LGT), ya que las sanciones no son ejecutivas hasta que adquieran firmeza en vía administrativa; y cuando se aprecie que al dictar el acto se pudo incurrir en error aritmético, material o de hecho (art. 233.2 LGT).

¿Qué cuantías determinan que un TEAR conozca en única instancia o en primera instancia?

Los TEAR conocen en única instancia si la cuantía no supera 150.000 € (deuda tributaria) o 1.800.000 € (bases imponibles o valores). Cuando se superan esos umbrales, conocen en primera instancia y la resolución es recurrible en alzada ordinaria ante el TEAC (art. 229 LGT y art. 36 RGRVA).