Guardia Civil | Tema 13

LO 4/2015 de seguridad ciudadana y Ley 5/2014 de seguridad privada: marco completo

Este tema abarca dos normas fundamentales para las oposiciones a Guardia Civil. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana regula las actuaciones policiales y el régimen sancionador. La Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada establece el marco de las empresas, el personal y los servicios de seguridad privada. Ambas normas se complementan y su conocimiento detallado es esencial para el examen.

Ley Orgánica 4/2015: disposiciones generales y ámbito

La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado con sujeción a la Constitución y las leyes.

El objeto de la ley es la regulación de actuaciones orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana. Se aplica en todo el territorio nacional, quedando fuera las prescripciones sobre el buen orden de espectáculos mediante acción administrativa ordinaria.

Los principios rectores que rigen la actuación de las autoridades son: proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación, eficacia, legalidad, eficiencia, responsabilidad y oportunidad.

Son autoridades competentes en el ámbito de la Administración General del Estado: el Ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad, los titulares de órganos directivos del Ministerio del Interior, los Delegados del Gobierno y los Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares.

Documentación e identificación personal

El DNI es un documento público y oficial, el único con suficiente valor por sí solo para acreditar la identidad. Es obligatorio a partir de los 14 años, personal e intransferible. La competencia sobre su confección y expedición corresponde al Ministerio del Interior, ejercida por la Dirección General de la Policía.

El pasaporte acredita la identidad y nacionalidad de los españoles fuera de España. Su expedición en territorio nacional corresponde a la Dirección General de la Policía; en el extranjero, a las Representaciones Diplomáticas y Consulares.

Actuaciones para el mantenimiento de la seguridad ciudadana

Identificación de personas

Los agentes pueden requerir identificación cuando existan indicios de participación en una infracción o cuando sea razonablemente necesario para prevenir un delito. Si no fuera posible la identificación por ningún medio, podrán requerir el acompañamiento a dependencias policiales por el tiempo estrictamente necesario, que no podrá superar las 6 horas. Los asientos del libro-registro se cancelan de oficio a los 3 años.

Registros corporales externos y medidas extraordinarias

Los registros corporales externos requieren indicios racionales y respetan los principios de proporcionalidad, igualdad de trato, no discriminación e injerencia mínima. Se realizan por agente del mismo sexo, salvo urgencia por riesgo grave e inminente.

Las medidas de seguridad extraordinarias (cierre de locales, prohibición del paso, evacuación, depósito de explosivos) pueden adoptarse en situaciones de emergencia, incluso mediante órdenes verbales si la urgencia lo exige.

Reuniones y manifestaciones

La disolución de reuniones y manifestaciones constituye el último recurso. Las medidas de intervención serán graduales y proporcionadas. Si concurre alteración con armas o artefactos explosivos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán disolver sin previo aviso.

Régimen sancionador de la LO 4/2015

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad.

Las cuantías de las sanciones son: leves de 100 a 600 €; graves de 601 a 30.000 €; muy graves de 30.001 a 600.000 €. Las multas graves y muy graves se dividen en tres tramos (mínimo, medio y máximo).

La prescripción de infracciones: leves 6 meses, graves 1 año, muy graves 2 años. La prescripción de sanciones: leves 1 año, graves 2 años, muy graves 3 años. El procedimiento caduca transcurrido 1 año desde su incoación sin notificación de la resolución.

El procedimiento abreviado se aplica a infracciones graves y leves. El pago voluntario en 15 días supone una reducción del 50% de la multa, renuncia a alegaciones y terminación del procedimiento sin resolución expresa.

Ley 5/2014 de seguridad privada: objeto y definiciones

La ley regula las actividades y servicios de seguridad privada prestados por personas privadas, físicas o jurídicas. Todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública.

Las actividades de seguridad privada incluyen: vigilancia y protección de bienes y personas, protección personal, depósito y custodia de valores y explosivos, transporte de seguridad, instalación de sistemas conectados a centrales de alarmas, explotación de centrales receptoras e investigación privada.

Los servicios de las actividades a) a g) son prestados exclusivamente por empresas de seguridad privada. La actividad h) (investigación privada) corresponde con carácter exclusivo y excluyente a los despachos de detectives.

Personal de seguridad privada

El personal de seguridad privada está integrado por: vigilantes de seguridad (y vigilantes de explosivos), escoltas privados, guardas rurales (y guardas de caza y guardapescas marítimos), jefes de seguridad, directores de seguridad y detectives privados.

La habilitación profesional la otorga el Ministerio del Interior. La Dirección General de la Policía habilita a todo el personal; la Dirección General de la Guardia Civil habilita a guardas rurales y sus especialidades.

La tarjeta de identidad profesional (TIP) es el documento público de acreditación durante el ejercicio de funciones. El personal de seguridad privada obtiene protección jurídica de agente de la autoridad cuando actúa debidamente identificado, en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Funciones específicas

Los vigilantes de seguridad ejercen control de identidad y objetos, pero no pueden retener documentación personal. Pueden detener delincuentes y ponerlos a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin proceder a interrogatorio.

Los escoltas privados no pueden realizar identificaciones ni detenciones salvo que resulte imprescindible ante una agresión o intento manifiesto de agresión a la persona protegida.

Los detectives privados investigan personas, hechos y conductas privadas. No pueden investigar delitos perseguibles de oficio ni la vida íntima en domicilios o lugares reservados. Sus informes de investigación deben conservarse al menos 3 años.

Control administrativo en seguridad privada

La intervención de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos corresponde al Ministerio del Interior, que la ejerce a través de la Dirección General de la Guardia Civil. El control de empresas, entidades y servicios privados de seguridad corresponde a la Dirección General de la Policía.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establecen planes anuales de inspección. Las medidas provisionales anteriores al procedimiento deben ser ratificadas, modificadas o revocadas en un plazo máximo de 15 días, y su duración no puede exceder de 6 meses.

¿Cuál es el tiempo máximo que puede durar el traslado a dependencias policiales para identificación y cuándo se cancelan los asientos del libro-registro?

El traslado a dependencias policiales para identificación no puede superar las 6 horas. Los asientos del libro-registro se cancelan de oficio a los 3 años. El órgano competente de la Administración remite mensualmente al Ministerio Fiscal extracto de las diligencias de identificación.

¿Qué diferencia existe entre los plazos de prescripción de infracciones y de sanciones en la LO 4/2015?

Las infracciones prescriben a los 6 meses (leves), 1 año (graves) y 2 años (muy graves), computados desde el día de comisión. Las sanciones prescriben a 1 año (leves), 2 años (graves) y 3 años (muy graves), computadas desde el día siguiente a la firmeza en vía administrativa. Siempre la sanción prescribe un plazo superior al de la infracción correspondiente.

¿Qué órgano habilita a los guardas rurales y sus especialidades, y a qué Dirección General corresponde el control general de las empresas de seguridad privada?

La habilitación de guardas rurales y sus especialidades corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil. El control de las empresas, entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación corresponde a la Dirección General de la Policía. Ambas funciones coexisten sin interferirse entre sí.

¿Puede un escolta privado realizar detenciones o identificaciones?

No, con carácter general. Los escoltas privados no pueden realizar identificaciones, detenciones ni restringir la libre circulación. La única excepción es cuando resulte imprescindible como consecuencia de una agresión o un intento manifiesto de agresión a la persona protegida o a los propios escoltas, debiendo poner al detenido de inmediato a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin proceder a interrogatorio alguno.