Gestión Seguridad Social | Tema 79

Reglamentos de la UE en materia de Seguridad Social: fuentes, coordinación y prestaciones

La coordinación de los sistemas de Seguridad Social entre Estados miembros es uno de los temas recurrentes en las oposiciones al Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social. Comprender los Reglamentos 883/2004, 987/2009 y 1231/2010 resulta esencial para dominar cómo se protege al trabajador migrante y a sus derechohabientes dentro del espacio europeo.

Fuentes de la Seguridad Social internacional española

El Derecho Internacional de Seguridad Social se nutre de tres tipos de fuentes:

• Fuentes de Derecho interno: normas dictadas soberanamente por cada Estado.
• Fuentes internacionales uniformes (en sentido propio): normas emanadas de la propia sociedad internacional, como los convenios de la OIT.
• Fuentes convencionales (en sentido impropio): Convenios Internacionales bilaterales o multilaterales entre dos o más Estados.

Derecho de la UE: originario y derivado

El Derecho originario lo forman los Tratados constitutivos y de adhesión. La UE proclama cuatro libertades básicas: libre circulación de personas, mercancías, capitales y libertad de establecimiento. Para garantizar la libre circulación de trabajadores (art. 45 TFUE), el art. 48 TFUE habilita al Parlamento Europeo y al Consejo para adoptar medidas de coordinación que aseguren la acumulación de períodos cotizados y el pago de prestaciones en cualquier Estado miembro. El objetivo no es crear un sistema comunitario único, sino coordinar los sistemas nacionales existentes.

El Derecho derivado incluye los Reglamentos (obligatorios, directamente aplicables y con primacía sobre el Derecho nacional) y las Directivas (vinculan en resultados pero dejan libertad de forma). Entre las Directivas relevantes destacan la 79/7/CEE sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres, la 2006/54/CE sobre igualdad de oportunidades en empleo, y la 2010/41/UE sobre insolvencia del empresario.

Los Reglamentos comunitarios de coordinación

Para aplicar estos Reglamentos se exige un elemento transfronterizo: trabajo, residencia, estancia o familia situados en más de un Estado miembro. El bloque normativo vigente lo integran:

• Reglamento 883/2004: norma base que recoge principios, campo de aplicación, regulación de prestaciones y colaboración administrativa.
• Reglamento 987/2009: desarrollo y aplicación del anterior.
• Reglamento 988/2009: adaptación del Reglamento base tras la incorporación de 12 países del Este.
• Reglamento 1231/2010: extiende las normas de coordinación a nacionales de terceros países con períodos acreditados en dos o más Estados miembros.

Estas normas se aplican en los 27 Estados miembros de la UE, los 3 del Espacio Económico Europeo (Islandia, Noruega y Liechtenstein) y Suiza.

Principios informadores

Igualdad de trato

El art. 4 del Reglamento 883/2004 garantiza que las personas cubiertas reciban los mismos beneficios y estén sujetas a las mismas obligaciones que los nacionales del Estado miembro en cuestión.

Conservación de los derechos adquiridos (exportabilidad)

Según el art. 7, las prestaciones en metálico no pueden reducirse, suspenderse ni suprimirse por el hecho de que el beneficiario resida en un Estado miembro distinto del deudor. Se materializa en la exportación de pensiones de invalidez o jubilación, el reconocimiento de prestaciones a familiares residentes en otro Estado, y la asistencia sanitaria en especie fuera del Estado competente.

Conservación de derechos en curso de adquisición y pro rata temporis

La totalización permite acumular períodos cotizados en distintos Estados como si fueran propios para adquirir el derecho a una prestación. El cálculo pro rata temporis funciona así: cada institución comprueba el derecho totalizando todos los períodos, determina la cuantía teórica como si todos se hubieran cumplido bajo su legislación, y la reduce en proporción a los períodos realmente cubiertos bajo la suya respecto del total.

Asimilación de prestaciones, hechos y acontecimientos

El art. 5 establece que los efectos jurídicos de prestaciones, ingresos o hechos producidos en un Estado miembro se reconocen igualmente cuando se producen en otro.

Colaboración administrativa

Incluye ayuda recíproca entre Estados, intercambio de información, coordinación financiera y solución amistosa de conflictos. La Comisión Administrativa para la Seguridad Social de los Trabajadores Migrantes interpreta los Reglamentos y conoce de los conflictos antes de acudir al Tribunal de Justicia.

Campo de aplicación personal y material

Ámbito personal

El art. 2 del Reglamento 883/2004 cubre a nacionales de un Estado miembro de la UE, del EEE o de Suiza, y a apátridas o refugiados residentes en esos territorios, que estén o hayan estado sujetos a la legislación de uno o varios Estados miembros. Se extiende a sus familiares y supérstites.

Ámbito material

Abarca prestaciones de enfermedad, maternidad y paternidad asimiladas, invalidez, vejez, supervivencia, accidentes de trabajo y enfermedad profesional, defunción, desempleo, prejubilación y prestaciones familiares. Quedan excluidas la asistencia social y sanitaria, y las prestaciones a víctimas de guerra o actos terroristas.

El Reglamento consagra el principio de unicidad: cada persona queda sujeta a una sola legislación, con carácter general la del Estado donde ejerce su actividad por cuenta ajena o propia.

Normas particulares por tipo de prestación

Enfermedad

Quien resida en un Estado distinto del competente exporta el derecho sin limitación, recibiendo prestaciones en especie según la legislación del lugar de residencia. En estancia temporal, se accede a las prestaciones médicamente necesarias acreditando la Tarjeta Sanitaria Europea. El desplazamiento para recibir tratamiento programado requiere autorización previa de la institución competente.

Invalidez: tipos A y B

La invalidez tipo A corresponde a legislaciones donde la cuantía es independiente de la duración de los períodos cotizados (incluidas en el Anexo VI: Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Letonia, Suecia, entre otras). Se liquida a cargo de un solo Estado. Si este no reconoce el derecho, se aplica el mecanismo de remonte hacia el Estado anterior.

La invalidez tipo B (resto de Estados, incluida España) se liquida a prorrata, igual que vejez y supervivencia. La legislación española no tiene concordancia reconocida con ningún otro Estado en materia de grado de invalidez, por lo que las decisiones de otros Estados no vinculan a España.

Vejez y muerte

Constituyen la excepción al principio de no acumulación: pueden causarse prestaciones en varios Estados. La solicitud se presenta ante la institución del lugar de residencia o del último Estado de aseguramiento. Cada institución calcula la prestación nacional (si cumple requisitos solo con períodos propios) y la prestación prorrateada (cuantía teórica reducida proporcionalmente). Se abona la más favorable.

Desempleo

A cargo del Estado donde se produce la situación protegida. La totalización exige haber cumplido en último lugar períodos de seguro, empleo o actividad según lo que requiera esa legislación. Si el beneficiario se desplaza a buscar empleo, exporta la prestación durante tres meses, prorrogables hasta seis.

Prejubilación y prestaciones familiares

Las prestaciones de prejubilación no admiten totalización de períodos. En prestaciones familiares, se aplican reglas de prioridad: primero derechos por actividad laboral, después por pensión, y finalmente por residencia. Las prestaciones especiales en metálico no contributivas se facilitan exclusivamente por la institución del Estado de residencia.

¿En qué se diferencia la invalidez tipo A de la tipo B según el Reglamento 883/2004, y cómo afecta a España?

En la invalidez tipo A la cuantía es independiente de la duración de los períodos cotizados y la pensión es a cargo de un solo Estado. En la tipo B (donde se incluye España), la prestación se liquida a prorrata entre todos los Estados implicados, como en vejez y supervivencia. Además, la legislación española no tiene reconocida concordancia en materia de grado de invalidez con ningún otro Estado, por lo que las decisiones de otros países no vinculan a España.

¿Durante cuánto tiempo puede exportar un desempleado su prestación si se desplaza a otro Estado miembro a buscar empleo?

La prestación de desempleo se exporta durante tres meses desde la fecha de desplazamiento, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de seis meses. Durante ese tiempo, la institución competente del Estado de origen sigue sufragando la prestación.

¿Qué ocurre con las prestaciones de prejubilación en relación con el principio de totalización de períodos?

Las prestaciones de prejubilación constituyen una excepción expresa: no se les aplica el principio de totalización de períodos de seguro o residencia cubiertos en otros Estados miembros.

¿A qué sujetos se aplica el Reglamento 883/2004 según su campo de aplicación personal?

Se aplica a nacionales de un Estado miembro de la UE, del EEE o de Suiza, y a apátridas o refugiados residentes en esos territorios, siempre que estén o hayan estado sujetos a la legislación de uno o varios Estados miembros. También cubre a los miembros de su familia y a sus supérstites.