Gestión Seguridad Social | Tema 40

Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres: conceptos, medidas y aplicación

Este tema es recurrente en las convocatorias de Gestión de la Seguridad Social y concentra preguntas sobre definiciones legales precisas: discriminación directa e indirecta, acoso sexual frente a acoso por razón de sexo, composición equilibrada y acciones positivas. También se examina la LO 1/2004 contra la violencia de género y los conceptos básicos de discapacidad y dependencia. Dominar las diferencias entre ambas leyes orgánicas y los porcentajes concretos marca la diferencia en el examen.

Fundamento constitucional de la igualdad de género

La Constitución Española contiene dos preceptos esenciales en esta materia. El artículo 14 proclama el derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. El artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, removiendo los obstáculos que la impidan.

En el plano internacional, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (ONU, 1979, ratificada por España en 1983) y el Tratado de Ámsterdam (1999) constituyen los referentes normativos que inspiran la legislación española. La LO 3/2007 transpone específicamente las Directivas 2002/73/CE y 2004/113/CE sobre igualdad de trato.

Objeto y ámbito de aplicación de la LO 3/2007

La LO 3/2007, de 22 de marzo, tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando la discriminación de la mujer en cualquier ámbito de la vida: político, civil, laboral, económico, social y cultural.

Su ámbito subjetivo es universal: obliga a toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español, con independencia de su nacionalidad, domicilio o residencia. Esta ley se concibe como una ley-código de la igualdad, con vocación de aplicarse en todas las políticas públicas estatales, autonómicas y locales.

Discriminación directa por razón de sexo

Se produce discriminación directa cuando una persona, en atención a su sexo, es, ha sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable. La ley incluye expresamente como discriminación directa todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

Un matiz frecuente en examen: no toda diferencia de trato basada en el sexo constituye discriminación. La ley admite una excepción cuando, por la naturaleza de la actividad profesional concreta, dicha característica sea un requisito profesional esencial y determinante, siempre que el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.

Discriminación indirecta por razón de sexo

Existe discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto del otro, salvo que se justifique objetivamente por una finalidad legítima y los medios sean necesarios y adecuados.

La ley tipifica también la indemnidad frente a represalias: cualquier trato adverso derivado de presentar queja, denuncia o recurso contra la discriminación se considera discriminación por razón de sexo. Y toda orden de discriminar, directa o indirectamente, es igualmente discriminatoria.

Acoso sexual y acoso por razón de sexo

La LO 3/2007 distingue dos figuras que los exámenes confrontan con frecuencia:

• Acoso sexual: comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual, con el propósito o efecto de atentar contra la dignidad de una persona, creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
• Acoso por razón de sexo: comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con idéntico propósito o efecto sobre su dignidad.

Ambos se consideran siempre discriminatorios. Condicionar un derecho a la aceptación de una situación de acoso también es discriminación. En litigios sobre acoso, la persona acosada es la única legitimada para accionar.

Consecuencias jurídicas y carga de la prueba

Los actos y cláusulas de negocios jurídicos que causen discriminación por razón de sexo son nulos y sin efecto, generando responsabilidad a través de indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas, y de un sistema disuasorio de sanciones.

En materia probatoria opera la inversión de la carga de la prueba: cuando la parte actora alega discriminación por razón de sexo, corresponde a la parte demandada probar la ausencia de discriminación y la proporcionalidad de las medidas. Esta regla no se aplica a los procesos penales.

Acciones positivas y composición equilibrada

Las acciones positivas son medidas específicas en favor de las mujeres adoptadas por los poderes públicos para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho. Deben ser razonables, proporcionadas y temporales: se aplican mientras subsista la desigualdad. Las personas físicas y jurídicas privadas también pueden adoptarlas.

El concepto de composición equilibrada exige que ningún sexo supere el 60% ni sea inferior al 40% del conjunto de que se trate. Este principio se proyecta sobre órganos de responsabilidad de los poderes públicos y sobre la normativa del régimen electoral general.

Instrumentos institucionales de la LO 3/2007

La ley crea varios mecanismos en la Administración General del Estado:

• Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
• Comisión Interministerial de Igualdad con funciones de coordinación
• Unidades de Igualdad en cada departamento ministerial
• Informes de impacto de género, obligatorios para normas legales y planes de especial relevancia económica y social

En el ámbito empresarial, la ley regula los planes de igualdad (conjunto ordenado de medidas a partir de un diagnóstico de situación) y crea el distintivo empresarial en materia de igualdad.

LO 1/2004 de protección integral contra la violencia de género

La LO 1/2004, de 28 de diciembre, aborda la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o personas ligadas por relación análoga de afectividad, aun sin convivencia. Comprende todo acto de violencia física y psicológica, agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones o privación arbitraria de libertad.

Enfoque integral y multidisciplinar

La ley no se limita a la respuesta penal. Interviene en educación (igualdad como contenido curricular en ESO), publicidad (imagen no estereotipada), ámbito sanitario (protocolos de detección precoz) y protección social. Protege también a los menores del entorno familiar como víctimas directas o indirectas.

Tutela institucional y judicial

Se crean la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (competentes en instrucción penal y causas civiles relacionadas) y la figura del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer.

Derechos de las víctimas

Las víctimas tienen derecho a información, asistencia jurídica gratuita, movilidad geográfica, suspensión con reserva del puesto de trabajo, extinción del contrato con acceso a desempleo, y ayuda de pago único cuando carezcan de rentas superiores al 75% del SMI. Las ausencias laborales derivadas de la violencia se consideran justificadas.

Discapacidad: marco legal vigente

El Real Decreto Legislativo 1/2013 aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, refundiendo las Leyes 13/1982, 51/2003 y 49/2007.

Son personas con discapacidad quienes presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales previsiblemente permanentes que, al interactuar con barreras, impidan su participación plena en la sociedad. Tienen consideración legal de personas con discapacidad quienes acrediten un grado igual o superior al 33%, incluidos los pensionistas con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

Los principios rectores incluyen vida independiente, accesibilidad universal, diseño para todas las personas, ajustes razonables y transversalidad de las políticas.

Dependencia: la Ley 39/2006

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Define dependencia como el estado permanente en que personas, por edad, enfermedad o discapacidad, precisan atención de otros para realizar actividades básicas de la vida diaria.

El catálogo de servicios incluye teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y noche, y atención residencial. Las prestaciones económicas (vinculada al servicio, para cuidados en el entorno familiar, y de asistencia personal) tienen carácter subsidiario respecto de los servicios y son inembargables, salvo por condena a prestación alimenticia.

¿Qué diferencia hay entre discriminación directa e indirecta por razón de sexo según la LO 3/2007?

La discriminación directa requiere un trato menos favorable a una persona concreta en atención a su sexo respecto de otra en situación comparable. La indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros coloca a personas de un sexo en desventaja particular frente al otro. La indirecta admite justificación objetiva por finalidad legítima con medios necesarios y adecuados; la directa no admite esa justificación (salvo la excepción de requisito profesional esencial).

¿Qué porcentajes definen la composición equilibrada y qué grado mínimo se exige para la consideración legal de persona con discapacidad?

La composición equilibrada exige que ningún sexo supere el 60% ni sea inferior al 40% del conjunto. En materia de discapacidad, se requiere un grado igual o superior al 33%, equiparándose a este grado los pensionistas con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y los de clases pasivas con pensión por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

¿A quién corresponde la carga de la prueba en procedimientos por discriminación por razón de sexo y qué excepción existe?

Corresponde a la persona demandada probar la ausencia de discriminación y la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Esta inversión de la carga de la prueba no se aplica a los procesos penales, donde rige la presunción de inocencia conforme al artículo 24.2 CE.

¿Cuál es el ámbito subjetivo de la LO 1/2004 respecto del agresor y la víctima?

La LO 1/2004 se aplica a la violencia ejercida sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. No abarca toda violencia contra la mujer, sino específicamente la que se produce en el contexto de relación de pareja o análoga. Esta delimitación es una de las preguntas trampa más habituales.