CNP Escala Básica | Tema 21

Derecho procesal penal: la LECrim, jurisdicción, detención y derechos del detenido

El derecho procesal penal es uno de los bloques con mayor peso en las oposiciones a Policía Nacional. Dominar los plazos de detención, las clases de procedimientos penales, los órganos jurisdiccionales y los derechos del detenido resulta decisivo tanto en el examen tipo test como en la práctica policial diaria.

El derecho procesal penal se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal, determinando quién instruye, quién enjuicia y quién falla. Sus tres fuentes principales son la Constitución Española, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Fases del proceso penal y clases de procedimientos

Todo proceso penal se divide en dos grandes fases: la fase de instrucción (investigación de los hechos) y la fase de enjuiciamiento (juicio oral y sentencia). La instrucción puede iniciarse de oficio por el Juez Instructor, mediante denuncia (declaración de conocimiento) o mediante querella (declaración de voluntad).

Según la gravedad de la pena existen tres procedimientos principales:

• Procedimiento ordinario: penas privativas de libertad superiores a 9 años. El expediente de instrucción se denomina Sumario.
• Procedimiento abreviado: penas inferiores a 9 años. El expediente se llama Diligencias Previas.
• Procedimiento de enjuiciamiento rápido: delitos menos graves con penas inferiores a 5 años. El expediente recibe el nombre de Diligencias Urgentes y exige que se inicie por atestado policial, concurriendo delitos flagrantes, delitos de lesiones, coacciones o amenazas, o hechos cuya instrucción sea previsiblemente sencilla.

Jurisdicción y competencia penal

La jurisdicción es la función estatal de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es única, pero se desdobla en jurisdicción ordinaria (civil, penal y social) y jurisdicción especial (militar, limitada al estado de sitio).

La competencia penal distribuye los asuntos entre los distintos órganos mediante tres criterios. La competencia objetiva atiende a la pena, la materia o la condición del imputado (aforamiento). La competencia funcional determina qué órgano interviene en cada fase procesal. La competencia territorial sigue un orden de prelación: lugar de comisión del delito, lugar de detención del sospechoso, domicilio del sospechoso y, por último, el primer órgano que tuvo noticia. En delitos de violencia sobre la mujer, el artículo 15 bis LECrim atribuye la competencia al juzgado del domicilio de la víctima.

Para delitos conexos, la competencia recae en el juzgado del lugar donde se cometió el delito con pena más grave.

Órganos de la jurisdicción penal

Los Juzgados son unipersonales y los Tribunales son pluripersonales. Los Juzgados de Instrucción tienen su ámbito en el partido judicial e instruyen las causas que enjuiciarán la Audiencia Provincial o los Juzgados de lo Penal. Los Juzgados de lo Penal enjuician delitos con penas no superiores a 5 años. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer concentran instrucción, enjuiciamiento y fallo, y dictan las órdenes de protección.

La Audiencia Provincial enjuicia delitos con pena superior a 5 años. Los Tribunales Superiores de Justicia instruyen, enjuician y fallan causas contra jueces y magistrados. La Audiencia Nacional, con sede en Madrid, conoce de delitos contra la Corona, terrorismo, narcotráfico organizado y defraudaciones que afecten a más de una provincia. El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes.

El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado-Presidente. Enjuicia delitos contra las personas, contra el honor, contra la libertad y delitos cometidos por funcionarios públicos. La culpabilidad requiere siete votos; la inocencia, cinco.

La denuncia y la obligación de denunciar

La denuncia es una declaración de conocimiento por la que se comunica al órgano competente la posible comisión de un delito. Los delitos públicos obligan a cualquier persona a denunciar. Los delitos semipúblicos solo se persiguen por denuncia del ofendido, aunque si este perdona, el Fiscal puede continuar. Los delitos privados (calumnias e injurias) se inician solo por querella del perjudicado; si este renuncia, el Fiscal debe cesar.

Están exentos del deber de denunciar los impúberes (menores de 14 años), los parientes del delincuente, abogados y procuradores, eclesiásticos y ministros de culto, y los psiquiatras. Los psicólogos no gozan de esta exención. Para los ciudadanos denunciar es un deber; para la Policía Judicial es una obligación cuyo incumplimiento puede constituir el delito del artículo 450 del Código Penal cuando los hechos afecten a la vida de las personas.

La detención: concepto y plazos

La detención es una medida cautelar de carácter personal que supone la privación provisional de libertad. Su duración no puede exceder del tiempo estrictamente necesario, con un máximo de 72 horas. Para menores, el plazo máximo es de 24 horas, tras las cuales deben ponerse a disposición del Fiscal de Menores. En delitos de terrorismo (art. 520 bis LECrim), el plazo general de 72 horas puede prorrogarse hasta 48 horas adicionales con fines investigadores, solicitud que debe presentarse dentro de las primeras 48 horas de detención.

La detención por un particular es facultativa y solo procede contra quien intente cometer un delito, el delincuente in fraganti, el fugado de prisión o el fugado estando detenido. La detención por la Autoridad es imperativa y obligatoria. Por delitos leves no cabe detención salvo que el presunto carezca de domicilio conocido o no ofrezca confianza suficiente.

Derechos del detenido

Los artículos 520, 520 bis y 527 LECrim recogen los derechos del detenido. Toda detención debe practicarse de la forma que menos perjudique al detenido. Se le informará de forma inmediata y comprensible de los hechos imputados, las razones de su privación de libertad y los derechos que le asisten, incluido el derecho a guardar silencio.

Asistencia letrada

El detenido designa libremente abogado; si no lo hace, se le asigna uno de oficio. El letrado debe acudir en un plazo máximo de 3 horas. Puede entrevistarse con el detenido antes de la declaración policial (entrevista confidencial), asiste durante las diligencias sin poder intervenir directamente y puede solicitar ampliaciones.

Incomunicación

En delitos de terrorismo, el Juez puede decretar la incomunicación en un plazo de 24 horas desde la solicitud, con una duración máxima de 5 días. No se puede incomunicar a menores de 16 años. El detenido incomunicado pierde el derecho a designar abogado particular (asiste uno de oficio), a comunicar su detención y a entrevistarse reservadamente con su letrado.

El procedimiento de habeas corpus

El habeas corpus tiene por finalidad poner al detenido inmediatamente a disposición judicial para controlar la legalidad de su detención. Se regula en la Constitución y se desarrolla por Ley Orgánica. Se considera detenido ilegalmente a quien fue privado de libertad sin concurrir supuesto legal, a quien esté internado ilícitamente, a quien supere el plazo máximo legal o a quien no se le respeten sus derechos.

Pueden solicitarlo el propio detenido, su familia o representantes legales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y el propio Juez competente. El abogado no puede solicitarlo por derecho propio, pero sí en nombre del detenido. El Juez resuelve en 24 horas: si la detención es legal, archiva; si es ilegal, puede ordenar la libertad, la puesta a disposición judicial o el traslado a otra dependencia.

El Ministerio Fiscal y la Policía Judicial

El Ministerio Fiscal promueve la acción de justicia en defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y el interés público. Actúa conforme a los principios de unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad. Como única medida cautelar, el Fiscal puede ordenar la detención preventiva.

La Policía Judicial depende funcionalmente de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, aunque orgánicamente pertenece al Poder Ejecutivo. Se distingue entre Policía Judicial genérica (todos los miembros de las FCS) y Policía Judicial específica (Unidades Orgánicas del CNP, Guardia Civil y policías autonómicas). Según el artículo 282 LECrim, su función es averiguar los delitos, practicar diligencias, descubrir a los delincuentes y poner todo a disposición de la Autoridad Judicial. Los funcionarios asignados a una investigación concreta no pueden ser removidos hasta su finalización, salvo decisión del Juez o Fiscal competente.

¿Cuál es el plazo máximo de detención para un menor de edad por delito de terrorismo?

En delitos de terrorismo, el artículo 520 bis LECrim establece un plazo de 72 horas sin distinguir entre menores y mayores de edad. La regla general de 24 horas para menores no se aplica en este supuesto. Además, cabe una prórroga de hasta 48 horas adicionales con fines investigadores.

¿Qué diferencia existe entre el efecto del perdón del ofendido en delitos semipúblicos y en delitos privados?

En los delitos semipúblicos, si el ofendido perdona, el Fiscal puede continuar con el procedimiento. En los delitos privados (calumnias e injurias), si el perjudicado perdona o renuncia, el Fiscal tiene obligación de cesar en la investigación.

¿Cuántos votos necesita el Tribunal del Jurado para declarar la culpabilidad y cuántos para la inocencia?

Se necesitan siete votos de los nueve jurados para declarar la culpabilidad del acusado y cinco votos para declarar su inocencia. Esta asimetría refleja la exigencia de una mayoría cualificada para condenar frente a un umbral más bajo para absolver.

¿Puede el abogado del detenido solicitar directamente el procedimiento de habeas corpus?

No. El abogado carece de legitimación propia para solicitar el habeas corpus. Sin embargo, puede presentar la solicitud en nombre del detenido. Los legitimados son el propio detenido, su familia o representantes legales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Juez competente.