CNP Escala Básica | Tema 20

Delitos informáticos, derecho a la intimidad y prueba digital en el proceso penal

Los delitos informáticos constituyen uno de los bloques con mayor peso práctico en las oposiciones a Policía Nacional. El temario exige conocer tanto la tipología delictiva del Código Penal como los órganos encargados de su persecución, la protección penal de la intimidad y las reglas que rigen la prueba digital. Dominar los artículos concretos y los plazos asociados marca la diferencia en el examen.

Concepto y clasificación de los delitos informáticos

Un delito informático es cualquier acción antijurídica cometida empleando medios electrónicos o informáticos para perpetrar un hecho tipificado como ilícito. El Código Penal no dedica un título específico a estos delitos: cada conducta se encuadra en el título del bien jurídico que protege.

La Instrucción 2/2011 de la Fiscalía General del Estado clasifica los delitos informáticos en tres categorías: aquellos cuyo objeto son los propios sistemas informáticos o TIC; aquellos que se sirven de las TIC para ejecutarse; y los que, además de usar las TIC, entrañan especial complejidad investigadora.

Principales ciberdelitos en el Código Penal

• Descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP): apoderamiento de documentos, interceptación de telecomunicaciones o acceso no autorizado a datos personales.
• Acceso ilícito a sistemas informáticos (art. 197 bis CP): vulneración de medidas de seguridad para acceder o mantenerse en un sistema sin autorización.
• Daños informáticos (art. 264 CP): borrar, dañar o hacer inaccesibles datos, programas o documentos ajenos de manera grave.
• Estafa informática (art. 248.2 CP): manipulaciones informáticas o phishing para obtener transferencias patrimoniales no consentidas.
• Falsedades informáticas: falsificación de documentos, moneda o tarjetas de crédito mediante medios tecnológicos.
• Ciberacoso o ciberstalking (art. 172 ter CP): contacto reiterado e insistente que altera gravemente la vida cotidiana de la víctima.

Órganos encargados de perseguir los delitos informáticos

En la Policía Nacional, bajo la Comisaría General de Policía Judicial, existe la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT), que pasará a denominarse Unidad Central de Ciberdelincuencia. Se divide en dos brigadas:

• Brigada Central de Investigación Tecnológica (BIT): protección de menores, intimidad, propiedad intelectual e industrial, fraudes en telecomunicaciones y ataques cibernéticos.
• Brigada Central de Seguridad Informática (BSI): actividades delictivas contra la seguridad lógica y fraudes.

En la Guardia Civil, el Grupo de Delitos Telemáticos (GDT), integrado en la UCO, investiga delitos cometidos a través de Internet. Se complementa con los Equipos de Investigación Tecnológica (EDITE) desplegados en cada provincia.

Delitos contra la intimidad: arts. 197 a 201 CP

El art. 197.1 CP castiga con prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses a quien, sin consentimiento, se apodere de papeles, cartas o mensajes electrónicos, intercepte telecomunicaciones o utilice artificios de escucha o grabación.

El art. 197.2 CP impone las mismas penas a quien, sin autorización, se apodere, utilice o modifique datos reservados de carácter personal registrados en ficheros informáticos o cualquier tipo de archivo.

Agravaciones relevantes

Las penas se imponen en su mitad superior cuando los datos se difundan a terceros, afecten a ideología, religión, salud, origen racial o vida sexual, la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad, o los hechos tengan fines lucrativos. Si concurren fines lucrativos junto con datos sensibles, la pena asciende a prisión de 4 a 7 años.

El art. 197.7 CP castiga con prisión de 3 meses a 1 año la difusión no autorizada de imágenes obtenidas con anuencia de la víctima en un lugar privado, cuando menoscabe gravemente su intimidad. Se agrava si el autor es cónyuge o pareja, la víctima es menor o se actúa con finalidad lucrativa.

Comisión cualificada

• Organización o grupo criminal (art. 197 quater): penas superiores en grado.
• Autoridad o funcionario público (art. 198 CP): penas en mitad superior e inhabilitación absoluta de 6 a 12 años.
• Secreto profesional (art. 199 CP): prisión de 1 a 4 años, multa e inhabilitación especial de 2 a 6 años para el profesional que divulgue secretos.

Condiciones de procedibilidad (art. 201 CP)

Se requiere denuncia de la persona agraviada, salvo cuando se trate de autoridad o funcionario (art. 198), afecte a intereses generales, a una pluralidad de personas o la víctima sea menor o persona con discapacidad. El perdón del ofendido extingue la acción penal.

La prueba digital en el proceso penal

La prueba digital comprende vídeos, imágenes y datos obtenidos con soportes informáticos que reflejan hechos de naturaleza penal. La LECrim regula la intervención y registro de comunicaciones de cualquier clase realizadas por teléfono o medio telemático.

Autorización judicial y plazos

Toda medida de intervención requiere autorización judicial basada en los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La duración máxima inicial es de 3 meses, prorrogable por periodos iguales o inferiores hasta un máximo de 18 meses.

La autorización procede cuando la investigación se refiera a delitos castigados con pena máxima de al menos 3 años de prisión, los cometidos por grupo u organización criminal, terrorismo o los ejecutados mediante instrumentos informáticos.

En caso de urgencia por terrorismo o bandas armadas, puede ordenar la medida el Ministro del Interior o el Secretario de Estado de Seguridad. Se comunicará al juez en un máximo de 24 horas, quien confirmará o revocará la actuación en 72 horas.

Grabación de comunicaciones orales

Solo puede acordarse para encuentros concretos del investigado, identificando con precisión el lugar vigilado. No caben autorizaciones generales o indiscriminadas. Los dispositivos deben desactivarse al finalizar la conversación autorizada. Queda excluida la captación de entrevistas con personas obligadas al secreto profesional, salvo que también estén encausadas.

Videovigilancia por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La LO 4/1997 regula el uso de videocámaras por las FCS en lugares públicos. Las instalaciones fijas las autoriza el Delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, previo informe de una comisión presidida por el presidente del TSJ. La autorización tiene vigencia máxima de 1 año y carácter revocable.

Las videocámaras móviles las autoriza el máximo responsable provincial de las FCS. En urgencia máxima pueden obtenerse imágenes sin autorización previa, dando cuenta en 72 horas al responsable provincial y a la Comisión. Si la grabación capta ilícitos penales, el soporte original se pone a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas desde la grabación.

El principio rector es la proporcionalidad, en su doble vertiente de idoneidad (la videocámara debe resultar adecuada para la situación concreta) e intervención mínima (ponderación entre la finalidad perseguida y la posible afectación a la intimidad).

¿En caso de urgencia por terrorismo, en qué plazo debe comunicarse al juez la intervención de comunicaciones ordenada por el Ministro del Interior, y en qué plazo debe confirmarla o revocarla el juez?

La comunicación al juez debe producirse dentro de un máximo de 24 horas desde que se adoptó la medida. El juez, de forma motivada, confirmará o revocará la actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada.

¿Qué diferencia existe entre la pena del tipo básico del art. 197.1 CP y la agravación cuando los hechos afectan a datos sensibles y tienen fines lucrativos?

El tipo básico prevé prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Cuando concurren fines lucrativos y los datos afectan a ideología, religión, salud, origen racial o vida sexual, la pena asciende a prisión de 4 a 7 años.

¿Quién autoriza la instalación fija de videocámaras de las FCS en lugares públicos y cuánto dura esa autorización?

La autoriza el Delegado del Gobierno en la comunidad autónoma correspondiente, previo informe de la comisión presidida por el presidente del TSJ. La autorización tiene una vigencia máxima de 1 año, tras el cual debe solicitarse renovación, y es revocable en todo caso.

¿Es siempre necesaria denuncia previa para perseguir los delitos contra la intimidad del art. 197 CP?

No. Como regla general se exige denuncia de la persona agraviada, pero no es precisa cuando el autor sea autoridad o funcionario público (art. 198 CP), el delito afecte a intereses generales o a una pluralidad de personas, o la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección.